CARLOS ACOSTA: 3 de la tarde, 37 minutos, Agustín, y el tema migratorio sigue siendo, junto con el tema de los aranceles, el protagonista de toda la pauta informativa de cualquier noticiero, para bien o para mal, para nosotros y para quienes no les gusta lo que decimos.

AGUSTÍN ACOSTA: Absolutamente. Ayer, cerca de las 7 de la noche, el Tribunal Supremo había determinado, en el caso de un salvadoreño que fue enviado aparentemente por un error de tipo técnico junto con un grupo de integrantes de la pandilla Salvatrucha a El Salvador, para ser internado en esta prisión de máxima seguridad, que debía regresar antes de la medianoche. Un juez de primera instancia y luego un tribunal de apelaciones habían fallado que, efectivamente, el gobierno estaba obligado a traerlo de regreso antes de la medianoche, pero el Supremo dio una prórroga y dijo: “No, no, no, es demasiado poco tiempo. Vamos a darle al Poder Ejecutivo la oportunidad de presentar sus argumentos, y tal vez esta semana actuaremos en ese sentido”.
Y de ahí para acá han venido otras dos decisiones muy impactantes. Primero, el Tribunal Supremo ratifica que, efectivamente, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de deportar a personas extranjeras que tengan algún tipo de criminalidad en los Estados Unidos bajo la ley de 1798.

CARLOS ACOSTA: La Ley de Enemigos Extranjeros.

AGUSTIN ACOSTA: Exacto, la Ley de Enemigos Extranjeros. Y bajo esa ley, según el Tribunal Supremo (5 a 4), el presidente puede deportar a personas siempre y cuando se les otorgue el debido proceso. Le ponen esa condición. Y hace un rato, también el Tribunal Supremo, en otra decisión que no tiene que ver con inmigración, determinó que Trump puede despedir a las personas que están en capacidad de periodo de prueba en los diferentes ministerios federales. Eso no tiene que ver con inmigración, pero lo anterior sí.

CARLOS ACOSTA: Pero lo que sí tiene que ver con inmigración es que, al parecer, a través de la Oficina de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), hay, por supuesto, personas indocumentadas que, preparándose para el día en que hagan su trámite para legalizarse, pagan sus impuestos. Entonces, a través de la oficina del IRS, se podría solicitar información sobre estas personas, su paradero, dónde están. Es decir, esta persona tiene orden de deportación, no aparece por ninguna parte, pero está pagando impuestos. Vamos a ver dónde vive.

AGUSTIN ACOSTA: Y, por último, el Departamento de Seguridad Nacional, esta mañana, revocó el estatus que habían recibido las personas que entraron bajo la aplicación CBP One. Estas personas recibieron un período de dos años de permanencia legal en los Estados Unidos. Eso comenzó a ocurrir en el año 2023 y ahora se les ha revocado o cancelado esa posibilidad. Así que, para explicar todas estas cosas siempre con lujo de detalles, saludamos a la doctora Martha Arias, abogada de inmigración. Doctora, muy buenas tardes nuevamente.

CARLOS ACOSTA: Buenas tardes.

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Buenas tardes, Agustín y Carlos. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia.

AGUSTIN ACOSTA: Como van las cosas, doctora, vamos a tener que traerla para acá todas las tardes, por lo menos una hora, para que se siente aquí con nosotros y esté haciendo guardia, porque todos los días hay cosas nuevas que discutir.

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, en esta administración vamos a tener mucha actividad migratoria y, obviamente, hay necesidad de información.

AGUSTIN ACOSTA: Bueno, abordemos primero la ley de 1798. ¿Cómo interpreta usted la determinación del Supremo y, sobre todo, la condición que le pone al gobierno de que, para deportar a alguien bajo esa ley, tienen que darle el debido proceso ante un magistrado y no simplemente meterlo en un avión y para afuera?

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: En cuanto a esa ley, como les dije anteriormente, me parece bien que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconozca que el derecho al debido proceso es un derecho constitucional y que incluso aquellas personas que se aduzca están sin estatus en los Estados Unidos también tienen derecho a ese debido proceso. Por ese lado, está bien.
Por el lado de si se puede usar esa Ley de Enemigos Extranjeros para efectos de deportar a una persona inmigrante que pertenezca a cualquier país, aunque no sea un país que esté en guerra con Estados Unidos, desde el punto de vista legal no estoy de acuerdo. Me parece que esa ley de enemigos extranjeros habla precisamente de eso: de personas nacionales de países enemigos con los cuales Estados Unidos tiene un conflicto. Entonces, no necesariamente todos los inmigrantes en Estados Unidos vienen de países en conflicto. Bueno, al menos se logró algo desde el punto de vista constitucional.

CARLOS ACOSTA: Ahora, quisiera preguntarle sobre el tema del debido proceso, doctora. Es decir, apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la Oficina de Seguridad Nacional o ICE atrapa a una persona y la va a deportar. Cuando hablamos de derecho al debido proceso, ¿es que esa persona, antes de ser deportada, tiene derecho a ser presentada ante un juez para que defienda su caso?

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, son varias cosas. Fíjese, por ejemplo, en el caso de estas personas que se aduce son miembros de pandillas. Primero, el gobierno tiene que aportar suficiente prueba para demostrar que estas personas pertenecen a una pandilla. Eso es importante.
Segundo, después de que se demuestre que pertenece a una pandilla, puede usarse el Estatuto de Inmigración para una deportación. El Estatuto de Inmigración prescribe o tipifica todas las razones por las cuales una persona puede ser deportada de los Estados Unidos; dentro de ellas, obviamente, también hay actos de terrorismo y pertenencia a pandillas. Entonces, como existe esa sección de la ley que dice “si usted comete actos de terrorismo o es miembro de una pandilla, puede ser deportado”, el gobierno, al invocar esa sección de la ley, obviamente tiene que probarle a la persona que es miembro de esa pandilla o que cometió esos actos terroristas, etcétera.
Eso es lo que nos referimos con el debido proceso: tiene que haber pruebas de la vinculación a una pandilla y, después, la persona debe tener su defensa ante un proceso de inmigración. Ahora bien, es cierto, y quiero decirlo para que las personas sean conscientes de esto también: hay algunos delitos que se consideran felonías agravadas para efectos de inmigración. En el caso de un delito que se considera una felonía agravada para efectos de inmigración, una persona puede ser deportada sin tener un proceso de deportación o de remoción, porque hay una sección de la ley que así lo permite. Pero entonces el gobierno va a tener que probar que ese delito es una felonía agravada para efectos de inmigración. Y a eso nos referimos con el debido proceso.

AGUSTIN ACOSTA: Doctora, pasemos entonces a la determinación del Departamento de Seguridad Nacional de revocar el estatus de permanencia legal en los Estados Unidos a las personas que entraron por la aplicación CBP One.

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Mi opinión es que es una medida que, de pronto, vaya a surtir efectos para el gobierno, pero no sé en qué porcentaje. Si yo calculo, siendo muy ambiciosa, podría ser un 30 o hasta un 40% de personas que sí se vayan. El gobierno ha dicho que se cancela CBP One y se abrió una nueva aplicación llamada CBP Home, y quienes entraron con CBP One deben autodeportarse usando la misma aplicación CBP Home para salir del país.
Ahora bien, no todas las personas que entraron con CBP One están en este momento sin estatus. Algunas de ellas podrían haber ajustado, por ejemplo, bajo la Ley de Ajuste Cubano; otras podrían haberse casado con un ciudadano estadounidense. Dentro de ese grupo hay personas que ya tienen otro tipo de salida legal. Sin embargo, habrá un porcentaje que no tiene estatus y esas son las que deberían irse de acuerdo con esa orden del Poder Ejecutivo.

AGUSTIN ACOSTA: ¿Les han dado un plazo para salir del país?

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Según tengo entendido, no. Yo no he visto personalmente ninguna de esas notificaciones. Gracias a Dios, no tengo ningún cliente que haya recibido una notificación de ese tipo. Aparentemente, no les están dando ningún plazo.
Es diferente a lo que pasó con el parole humanitario que fue cancelado, pues ahí sí les dijeron que debían irse 30 días después de la publicación en el Registro Federal, y esa fecha sería el 24 de abril de este año. No sabemos si vaya a haber alguna demanda donde se pause esa decisión.

CARLOS ACOSTA: ¿Qué pasó en Massachusetts con eso, doctora?

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: La pausa de la decisión sigue pendiente. No he escuchado si hay alguna apelación por parte del gobierno. Todavía está igual. Estamos dentro del tiempo en que el gobierno podría apelar esa decisión, pero aún no ha ocurrido.

AGUSTIN ACOSTA: Muy bien. ¿Se nos queda algo por fuera?

CARLOS ACOSTA: El tema de compartir información con la Oficina de Rentas Internas.

AGUSTIN ACOSTA: ¡Ah, sí! Está esa idea de que algunas personas indocumentadas, pero que pagan sus impuestos de forma regular, lo hacen porque son conscientes de que si en algún momento van a tramitar su residencia, el hecho de ser puntuales con el pago de impuestos les ayudaría. Pues ahora se le está pidiendo al IRS que ayude a ubicar a quienes tienen orden de deportación pero han estado pagando impuestos.

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, las personas que tienen una orden de deportación… va a tener que hacerse un acuerdo entre agencias, porque la oficina del Executive Office for Immigration Review y ICE son las dos agencias que saben si una persona tiene deportación y, obviamente, tendrán el nombre y posiblemente un número de Seguro Social. Entonces, quien sea en el gobierno pasará una lista al IRS con esos números de Seguro Social para ver cuál es la información que están dando.
Sinceramente, a mí lo que me parece es que quien tenga permiso de trabajo no va a tener tanto problema, a menos de que el gobierno quiera ver cuánto pagan de impuestos. Realmente, quien estaría más asustado es la persona que no tiene ningún estatus y que posiblemente tenga un ITIN (ese número de identificación tributaria). Ahí sí es claro que esa persona no tiene un estatus legal.

AGUSTIN ACOSTA: Doctora, y por último, hace algunos días el gobierno estableció una exigencia de que las personas en esta situación de estatus migratorio irregular se inscribieran con el gobierno; no sé si a través de Inmigración, pero debían registrar sus datos, dirección, etcétera. ¿Usted sabe cómo está funcionando ese programa o si la mayoría ha hecho caso omiso?

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, ese programa ya el gobierno lo implementó y la forma está disponible. Esa registración no ha dado datos en este momento de cuántas personas se hayan registrado. Es un requerimiento nuevo. Ya vi que Inmigración emitió la forma G-325R, que es la nueva forma que la persona tiene que llenar. La página de USCIS ya tiene la forma publicada. Desde el 20 de enero de este año (2023) se emitieron los requisitos que la persona debe cumplir para registrarse.
Esa forma G-325R ya está disponible. Lo que pasa es que no sé si el gobierno hará público cuántas personas se hayan registrado. Ahí, en la solicitud, está clarísimo quién debe registrarse y cómo. Recuerden que la página web de Inmigración también está en español. Entonces, les diría a las personas que lean esa página para saber si deben registrarse. Ellos mismos pueden hacerlo. No parece ser algo complicado.

AGUSTIN ACOSTA: Bueno, como siempre hacemos, al final me gusta dar su teléfono, porque la molestamos a usted varias veces con este tema, y usted deja de trabajar y atender sus cosas. Si algún oyente necesita conversar con una excelente abogada de inmigración (que solo practica la ley de inmigración), le recomiendo a Martha Arias y su bufete. El número es el 305-671-0018. Cualquier persona que necesite un buen consejo, un trámite o mover algún expediente que esté trabado, yo le recomiendo a Martha Arias. 305-671-0018. Doctora, muchas gracias y muy buenas tardes.

CARLOS ACOSTA: Buenas tardes, doctora.

ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.