Yesterday I joined Carlos and Agustín once again on “Cada Tarde” on Actualidad Radio for a timely conversation about several immigration developments that are creating questions for families and immigrants across the United States and abroad.

During the interview, we discussed the temporary pause affecting immigrant visa interviews at U.S. embassies and consulates worldwide, the continuing federal court proceedings involving the earlier 75-country immigrant visa pause, recent developments concerning B1/B2 visas and asylum applicants, and the still-unresolved legal questions affecting many Cuban immigrants who were issued Form I-220A.

We also discussed why it is especially important to distinguish between a new government announcement, a pending court case, and a final legal determination. Immigration policies are changing quickly, and some of these matters remain before the courts.

My sincere thanks to Carlos and Agustín for inviting me back and for giving their audience the opportunity to hear a thoughtful discussion about issues that are affecting so many people.

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SPANISH TRANSCRIPT:

CARLOS:
Cambiamos de tema. Ya tenemos con nosotros a nuestra próxima invitada y la llamamos porque ayer, cuando estábamos cerrando el programa, de acuerdo, Agustín, leíamos una información que daba cuenta de una orden por parte de una jueza federal con relación a los trámites migratorios que estaban detenidos. Dieron la orden de darle curso, y que beneficia a los 39 países, y ya nos explicará nuestra invitada cuáles son los 39 de los 75 que se habían visto afectados. Pero a eso le agregaron que ayer se produjo una orden mediante la cual, en todo el mundo, están suspendidas las entrevistas para visas de inmigrantes.

AGUSTÍN:
En los consulados y embajadas.

CARLOS:
Bueno, la argumentación es que van a preparar al personal para que sean un poco más estrictos en las entrevistas porque quieren evitar el tema de la carga pública. Pero bueno, vamos a estar claros: hay que verlo desde los dos ángulos. Vamos a escuchar a nuestra invitada porque yo tengo un tema con eso.

Hay gente que, de verdad —y yo con esto no quiero decir que estamos de acuerdo con la forma como se están aplicando las políticas migratorias—, pero yo sé, y yo sé que mucha gente que me está escuchando sabe, que hay gente que viene, saca la residencia, se va para su país de origen, antes de que se cumplan los seis meses vuelve a entrar y no vive aquí. Y entonces eso perjudica a quien sí quiere migrar y vivir aquí. Entonces esas cosas también las ven los que están haciendo la auditoría de cómo se maneja el tema. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada.

AGUSTÍN:
Claro. Se trata de la doctora Martha Arias, abogada de inmigración, que tiene un segmento todos los lunes acá con nosotros, pero que hoy la hemos llamado, hoy jueves, precisamente porque se presentaron ayer estas dos noticias de última hora. Doctora, muy buenas tardes.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Muy buenas tardes, Agustín y Carlos. Un gusto estar con ustedes aquí lunes, martes, miércoles, cuando ustedes…

AGUSTÍN:
El día que se dé…

CARLOS:
Martha, hace tiempo que no la veíamos, doctora. Ya podemos verla a través de Zoom.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Verdad. Es que tengo aquí por allá como la frecuencia y la emisora, pero bueno, con esto de la tecnología aquí estamos.

AGUSTÍN:
Deje que usted vea el estudio que nos gastamos.

CARLOS:
Así es.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Oh, sí. Esto es un estudio de lujo.

CARLOS:
Totalmente, doctora. [inaudible]

AGUSTÍN:
Esto hace palidecer la sala de control del Artemis que fue ahora a la Luna, si no es que está ultra, ultra…

CARLOS:
Así es. Tenemos tecnología de primera. Bienvenida, doctora. Y bueno, ya escuchó usted más o menos la introducción que hicimos, así que corte el pastel por donde usted quiera.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bueno, a ver. Esto es interesante. Como ustedes muy bien lo dijeron, un juez había declarado que anuló, o ha anulado, o vacated, la decisión del gobierno de pausar la emisión de visas de inmigrantes de 75 países. Esto fue, creo, el viernes pasado que el juez dijo esto.

Ayer, el 26 de agosto, el gobierno anunció que iba nuevamente a paralizar estas visas de inmigrantes para entrenamiento de los cónsules sobre la nueva carga pública, la regulación que entra a partir de septiembre 18, el próximo mes.

Entonces, pues, queda como un poquito contradictorio porque se suspende el viernes por un juez, pero el gobierno saca esta decisión. ¿Qué está pasando?

Lo último que está pasando es lo siguiente: los demandantes presentaron una moción de emergencia para obligar al gobierno a que cumpla con la decisión o la orden de la jueza Vargas, porque la decisión, dicen ellos, cobijaba a todas las visas de inmigrantes; que esto es una excusa y que es básicamente lo mismo que la pausa anterior por razones de carga pública que ha hecho el gobierno, igual a lo que está pasando ahora, que nuevamente lo pausaron.

Entonces, en este momento, Agustín y Carlos, hay una moción de emergencia presentada en la corte para pedirle, para exigir, que el gobierno cumpla con la orden de la jueza.

AGUSTÍN:
¿Esto quedaría dilucidado esta semana, de acuerdo con lo que el tribunal pudiera dictaminar, o normalmente el tribunal escucha argumentos, luego se retiran a deliberar y pudiéramos entonces estar viendo ya una determinación final más adelante en el año?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bueno, esperamos que esto lo hagan rápido porque se presentó como una emergency motion, una moción de emergencia, para obligar a que se cumpla. Como moción de emergencia, se supone que debe ser contestada rápidamente.

Entonces esperamos que tal vez, en no más de una semana a dos semanas, el gobierno conteste a esta moción y se pueda tomar una decisión.

Pero tampoco sabemos porque, acuérdese, es una moción nada más. Ya está la decisión del juez anterior. Si esta moción la niegan, entonces tendría que nuevamente presentarse otra demanda ahora por esta nueva medida del gobierno.

CARLOS:
Antes de que le entremos, doctora, al tema de las entrevistas para las personas que optan por una visa o una tarjeta de residencia, quiero entrarle a lo de la visa B-1/B-2.

Es decir, mucha gente ha entendido o malentendido el tema de que si a usted le emitieron la visa en el 2016 o después del 2016, o desde el 2016, entonces usted no podría pedir asilo o sería candidato a que le nieguen el asilo.

¿Cuál es la realidad de ese tema de emisiones de visa posteriores a 2016 o desde el 2016 en adelante?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bueno, yo más bien creo que la realidad es porque estamos hablando de diez años, y normalmente esos diez años es lo que duran las visas hoy en día, porque las emiten por diez años. Yo creo que el punto de los diez años o el 2016 es por eso, por la caducidad, porque obviamente, si fue emitida antes del 2016, obviamente esa visa ya está expirada si no la renovaron.

Entonces yo creo que el punto del 2016 es por la expiración; normalmente son diez años.

Lo que el gobierno está diciendo es que las personas —si estamos hablando de B-1/B-2—, lo que el gobierno está diciendo es que si a una persona le fue expedida esa visa y dentro de los Estados Unidos pidió un asilo, esa visa va a ser cancelada por el Departamento de Estado.

No se sabe cuándo va a empezar a hacer esto y dónde va a mandar las notificaciones de esas cancelaciones.

Pero lo que yo le quiero decir al público es que esto no es nada nuevo. Obviamente es una noticia que impacta porque todo lo que diga “visa” y “cancelación” obviamente impacta, pero es que esto no es nada nuevo.

Mire, si una persona viene a los Estados Unidos con una visa de turista o una visa de empleo, qué sé yo, y esa persona pide asilo, esa persona está mostrando la intención de inmigrar a los Estados Unidos, porque por eso pide el asilo.

Obviamente, esa persona tiene, cuando entra con una visa de turista, seis meses para estar en los Estados Unidos, y si es una de estudiante, pues hasta lo que dure el estudio. Pero si esa persona pide asilo, quiere decir que estos seis meses que le habían dado con visa de turista, pues ya no los va a tener, ya va a perder ese estatus de turista. Y esa visa, aunque ya la tenga en el pasaporte, ya no tiene validez porque la persona ya emigró, en cierta forma mostró una intención de inmigrar.

Entonces, en la práctica, desde que yo ejerzo como abogada de inmigración hace 23 años, yo nunca he visto una persona…

CARLOS:
Que empezó muchachita entonces a ejercer.

AGUSTÍN:
De high school empezó…

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Cinco años, por ahí.

CARLOS:
[inaudible]

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Por ahí me decía alguien que no es que nosotros somos viejos, sino que tenemos juventud acumulada. Es una cantidad de acumulación de juventud.

Pero a lo que le estaba diciendo: en este tiempo de estos 23 años yo nunca he visto una persona que venga a los Estados Unidos con visa de turista y pida asilo, sea que se lo aprueben, sea que se lo nieguen, y se vaya de los Estados Unidos e intente volver a aplicar a una visa de turista, que se la hayan dado. A nadie. Esa visa nunca se la vuelven a dar porque la persona ya mostró una intención de inmigrar.

Incluso yo tuve un cliente al que le aprobaron el asilo; se quedó como cinco o seis años y se fue a su país. Después trató de renovar su visa de turista y de regresar, y nunca se la volvieron a aprobar, ni a sus hijos, que se fueron jovencitos.

Entonces, vamos a decir que de facto siempre ha ocurrido esto: a la persona nunca le vuelven a renovar su visa de turista.

La única diferencia que está pasando ahora es que sí le van a mandar, a ver, una cartica no muy grata que dice: “Su visa ha sido cancelada”. Pero ¿quién dijo que la vamos a necesitar más? Ya la persona está en los Estados Unidos. [inaudible] Esto, de hecho, siempre ha pasado.

AGUSTÍN:
Bien, doctora. Yo tengo mucha curiosidad con el asunto de la I-220A, porque yo mantengo que la I-220A se le dio a un grupo de personas que entraron a los Estados Unidos y el gobierno les dio algún tipo de proceso en algún puesto fronterizo, en alguna oficina allá en territorio de los Estados Unidos.

A esas personas les dieron algún documento que les permitió luego sacar el permiso de trabajo y, muchos de ellos, inclusive sacar su licencia de conducción en el estado donde fueron a vivir.

Para los efectos prácticos, yo entiendo que el gobierno los aceptó, porque de lo contrario no les hubieran dado ni la licencia de conducción, que es un documento oficial estatal, ni el permiso de trabajo, que es un documento federal.

Si yo llegara esta noche a mi casa y me encontrara diez personas sentadas en la sala, comiendo, bebiendo, se quitaron los zapatos, están viendo el televisor, y yo monto en cólera y digo: “¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo entraron acá?”

“Ah, no, el hijo suyo nos abrió la puerta y nos permitió entrar.”

Yo no puedo llamar a la policía y acusarlos de allanamiento de morada si mi hijo les permitió la entrada.

Entonces yo mantengo, por una cuestión meramente de sentido común, que estas personas fueron admitidas y, si fueron admitidas y se les dieron estos documentos, entonces cumplen con el precepto de la ley de 1966 que les permitiría la solicitud por la Ley de Ajuste.

¿Usted tiene alguna idea de en qué cronograma está el proceso judicial pendiente?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Sí. Bueno, el proceso en este momento está en que el Circuito 11 devolvió a la Sala de Apelaciones, en ese caso de Cabrera-Fernández, que es el caso, devolvió el caso a la Sala de Apelaciones para que reinterpretaran o reanalizaran su definición que habían dado antes sobre la I-220A.

Cuando ustedes se acuerdan de que en algún momento la corte dijo que no, que la I-220A no es un parole, aunque no fue explícitamente en el mejor caso, con los mejores hechos que la Corte de Apelaciones dijo eso, pues la Sala de Apelaciones, en este caso, lo devolvió.

Y estoy hablando del Circuito 11, que es el de Atlanta. Devolvió este caso a la Sala de Apelaciones de Inmigración, que es el Board of Immigration Appeals, diciéndole: “Ustedes están interpretando esto mal. Esa interpretación de ustedes no es correcta. Yo se lo voy a devolver para que ustedes analicen otra vez e interpreten correctamente la ley.”

Esa devolución del Circuito 11 a la Sala de Apelaciones está pendiente.

AGUSTÍN:
Ahora bien, déjeme interrumpirla un momentito. Ahora vamos a entrar en el terreno especulativo de alguien que tiene 23 años y una experiencia superlativa en estas cosas.

El olfato o el instinto suyo, ¿le dice que la devolución de la Corte de Apelaciones de Atlanta a la Junta de Apelaciones de Inmigración, con esa encomienda y con un señalamiento que puede uno inferir que les están llamando la atención por una interpretación incorrecta, pudiera resultar en un beneficio para los peticionarios?

Para los que nos están escuchando en la radio, la doctora ahora está como pensando bien las cosas.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
A ver. Desde el punto de vista legal, yo pienso que es totalmente posible y debería pasar eso. Desde el punto de vista legal, yo no vería otro raciocinio, otro análisis que condujera a una decisión diferente. Eso sería lo correcto.

Porque, como lo argumentaron los abogados y como está argumentado, es clarísimo. Y como usted me lo dijo, es clarísimo que eso tiene que ser.

Ahora, eso es desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista práctico, como yo estoy viendo ciertas decisiones de la Sala de Apelaciones, me preocupa. Me preocupa mucho la decisión que puedan emitir, porque la Sala de Apelaciones actual ya no es esa sala donde había unos juristas que hacían unos análisis súper profundos y bien hechos.

Estamos con una nueva sala, prácticamente nueva, porque muchos jueces son nuevos…

AGUSTÍN:
¿Politizada?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Politizada al máximo, al servicio de las directivas del Ejecutivo en cuanto a la materia migratoria.

AGUSTÍN:
¿Y quién tiene la última palabra en este caso, Atlanta o la Junta de Inmigración?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Atlanta. Porque cuando se devuelve al BIA, el BIA vuelve, lo interpreta, y si las partes vuelven y presentan otra vez un recurso de revisión ante el Circuito 11, esto regresa al Circuito 11 para el análisis otra vez y la decisión final.

Bueno, final hasta… o sea, de todo, porque de ahí del Circuito 11 puede ir a Supreme, claro, o ir a la Corte Suprema.

Pero entonces, aparte de estas dos cosas, si me preguntara a mí cuál es mi instinto, mi sexto sentido, mi instinto es que esto lo va a tener que resolver el Ejecutivo o el Congreso de alguna forma.

Y hemos visto cómo María Elvira Salazar ha pedido que se les dé, por lo menos a los que tienen la I-220A, un parole in place, que fue similar al que se les dio a los militares.

Yo pienso que, si de pronto la Sala de Apelaciones no toma esa decisión a favor, de pronto esto viene por el lado del Ejecutivo.

¿Por qué lo pienso así? Porque mire las peticiones de ajuste de estatus cubano que la mayoría de abogados y las personas tienen pendientes con I-220A ante USCIS y ante la corte: la mayoría están en stand-by. Uno.

Dos: algunas de las que no están en stand-by son jueces que han tenido el coraje, yo creo, de decir: “Esa I-220A sí es un parole.” Tenemos uno recientemente que lo dieron en Orlando.

Entonces, por eso pienso que estos casos estén en stand-by y on hold. Es alguna decisión que viene de allá arriba donde les dice: “Mire, hold it, hold it, téngalo allí, pero no [inaudible], que aquí va a pasar algo.”

Y yo pienso que va a pasar algo más por el Ejecutivo o por el Congreso que por la Sala de Apelación.

CARLOS:
Muy bien. Nos queda toda la inquietud porque lo que… Agustín, doctora, el tema de la admisión por esa persona a la que le dieron una I-220A.

Se presentó —voy a poner un ejemplo fronterizo—, se presentó en la frontera y dijo: “Aquí estoy”, porque pidió una cita con la aplicación, y entonces ahí le expidieron una I-220A.

AGUSTÍN:
Pero fíjate, Carlos y doctora, mucho antes de que la doctora se graduara de leyes, y cuando tú vivías en la Isla de Margarita y yo ya andaba por acá, llegaba un balsero a los Cayos en un neumático de un vehículo.

En el momento en que tocaba tierra, lo recibían cuatro o cinco transeúntes que estaban por allí, le compraban una Coca-Cola para hidratarlo, le daban un sándwich y llamaban a la policía.

Y venía la policía, y la policía probablemente ni siquiera se lo llevaba. Lo llevaban para el Hogar de Tránsito que dirigía Arturo Cobo allí en Cayo Hueso. Y Arturo los hospedaba y, al día siguiente, los llevaban para inmigración.

Y los procesaban y les daban exactamente el mismo papel que le dieron a los I-220A. Le daban un papel de admisión, y con ese papel de admisión esa persona, pues, sacaba su licencia de conducción, sacaba un número de Seguro Social, y luego, al cabo de un año y un día, se presentaba ante un abogado de inmigración y solicitaba, por la Ley de Ajuste de 1966, la residencia.

No hay una gran diferencia. Puede cambiar el nombre del documento, pero el espíritu de uno y de otro es prácticamente idéntico.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Tiene toda la razón. Aunque, si vamos desde el punto de vista legal, y que son los argumentos que se han expresado, es que la ley de inmigración tiene únicamente dos formas.

¿Cómo una persona determina si entró a los Estados Unidos, vamos a decir, legalmente? Obviamente es por la frontera, por tierra o por aire, yo no sé, por mar; bueno, pueden entrar.

Pero hay dos formas legales de entrar. Las dos formas legales son una admisión, que es la persona que entra con una visa: visa de turista, visa de inversionista…

Eso, cuando la persona entra, le dan el sello, queda estampado que ha entrado en el sistema como que fue admitida en esa categoría con la que entró.

La otra forma que está en la ley —esto está en la ley estatutaria del Congreso de los Estados Unidos—, la otra forma es un parole.

El parole, vamos a llamarlo como permiso. Es como Agustín decía ahora: si a esa persona usted le abrió la puerta, le dio el permiso para que entre a su casa. Usted no le dio la llave, que sería la admisión, porque la admisión sería la llave: le dio la llave para que abra la puerta.

No. Usted no le dio la llave a esta persona. Usted le abrió la puerta y le permitió sentarse en la sala. Ese permiso se llama parole.

Entonces no hay ningún otro nombre en el estatuto: o admisión o parole.

AGUSTÍN:
Que viene de la palabra francesa, parole. Es como que es una aceptación a que se quede aquí, una permanencia.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bajo palabra. Estamos permitiendo entrar, un permiso.

Ahora, si la persona en ese momento entra, ¿cuál es el documento correcto? Si le dan ese permiso, el documento correcto para mostrarlo se llama parole, y es una forma que es la I-94, que es la misma que le dan a la admisión, pero le ponen un sello que dice parole bajo la sección 212(d)(5)(A), que es la sección que dice que es un parole humanitario.

Se le estampa ahí, lo firman y queda en el sistema como un parole. No hay otra, no hay otra.

Entonces, ¿qué pasa? Si a la persona no le dan ese parole y la deportan de la frontera, a esa persona la sacan y le dan una I-220B, que eso sí ya es cuando la persona la deportaron pero pasó una entrevista y, yo creo, la dejaron entrar.

Eso es otra cosa distinta. Ahí tampoco hay parole. Ahí hay una deportación, solo que la está cumpliendo dentro con esa I-220B.

¿Qué pasa? Cuando le dan el documento incorrecto, que es esa I-220A, que fue el que le dieron los oficiales a la entrada, ese documento es para que la persona salga bajo libertad, bajo palabra.

Ahí ya estamos hablando, vamos a decir, de las partes del proceso. La parte uno es: te admito o te doy un parole, ¿ok?

La parte dos es: te voy a dar este documento para que entre.

Y la parte tres, que puede ser conjunta con la parte dos, es: te voy a poner en custodia o te voy a dejar entrar.

Obviamente, si tiene una admisión y tiene una visa, pues no lo van a poner en custodia. Si tiene un parole, porque le están dejando entrar, ellos pueden determinar si lo ponen en custodia o no. Y no lo están poniendo en custodia; lo están dejando salir bajo palabra.

AGUSTÍN:
Pero no solo los están dejando salir, o los dejaron salir en su momento; les dieron la vía para que sacaran la licencia de conducción y el permiso de trabajo.

A falta de un documento nacional de identidad, como se llama en España el documento, y la cédula de identidad de la República Dominicana, exacto, a falta de eso, que aquí no lo hay en los Estados Unidos, el único otro documento que tiene un estándar nacional hoy en día es la licencia de conducción.

Y si usted, para poder sacar una licencia de conducción, le exigen una regularización migratoria, pues estas personas presentaron ese papel que les dieron en ese momento de entrada o en el momento del proceso, y con eso sacaron su licencia de conducción y su permiso de trabajo.

Yo no recuerdo el texto, las palabras de la Ley de Ajuste de 1966, pero me parece haber leído en algún momento que decía “legally admitted”. Y si es legally admitted, ¿no es así la de 1966?

Admitted. ¿Qué cosa es admitir? Admitir es autorizar a alguien a entrar. Si usted va a una discoteca donde hay un portero —esto era muy común en los años 80 y 90— y van 50 personas que quieren entrar a la discoteca pero no caben todos, había un portero y el portero seleccionaba quién entraba. Eso es una admisión.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo, aunque en términos generales pudiéramos decir que sí.

Pero la ley de inmigración, el estatuto, define qué es una admisión para efectos de inmigración, para efectos del estatuto. Entonces, una admisión, lo dice claramente, es cuando a la persona la dejan entrar o entra a los Estados Unidos con un tipo de visa que le permite ser admitida.

Entonces la definición de admisión en el estatuto sí es distinta a lo que nosotros, en la calle, conocemos desde el punto de vista del idioma, que ya puede tener otra connotación.

Hay una definición distinta, una definición distinta.

Pero lo que sí es claro es que solamente hay dos formas de entrar legal: o parole o admisión. No hay más.

Entonces el hecho de que a unas personas las procesaron y les dieron el documento equivocado, que no les tenían que haber dado una I-220A, les tenían que dar un parole, eso no es culpa de los inmigrantes. Eso es culpa de la forma como fueron procesados, ¿no?

Ese es uno de los mayores argumentos.

CARLOS:
Ahora, pero en un reto —y disculpe que la interrumpa, doctora—, en un reto en la corte, usted como abogado puede argumentar, más allá de lo que pueda significar desde el punto de vista del lenguaje jurídico la palabra admisión, que esta persona entró y le dieron una serie de documentos que sí han reconocido la entrada y, por ende, su estadía en los Estados Unidos.

¿Le permiten, en el caso de los cubanos, aplicar para la Ley de Ajuste Cubano, o solo se puede aplicar para el Ajuste Cubano si usted tiene previamente un parole?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Sí, tiene que ser parole o admisión. Y como a la persona la dejaron, la procesaron, le permitieron entrar, no tenía una visa para decir que era una admisión, entonces no puede ser otra cosa que un parole.

Que los oficiales de la entrada le dieron una forma que se llamaba X, Y o Z; en este caso se llamó la I-220A.

CARLOS:
Y en una corte tú puedes decir: “No es culpa del inmigrante; fue el gobierno el que mal emitió un documento.”

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Exactamente. Bueno, ese es el argumento. Precisamente ese es el argumento que ha estado en la corte y que ha llegado hasta el Circuito 11.

Ese es el estado: el gobierno dio el documento equivocado, pero eso no es problema del inmigrante. Ese documento no se tenía que llamar I-220A; se tenía que llamar parole, porque no hay otro.

AGUSTÍN:
Voy a otro punto. Cuando tú entras a los Estados Unidos como turista, tú no puedes trabajar legalmente. No puedes trabajar, y si trabajas estás al margen de la ley.

Si tú entras como estudiante, con una visa de estudiante para estudiar en la universidad una carrera, tú no puedes trabajar como estudiante, con una visa de estudiante.

En el momento en que el gobierno federal —y esta es una opinión mía, pero yo creo que es una opinión que tiene un sustento, pudiéramos decir, cuasi legal—, en el momento en que el gobierno federal, que es la institución que otorga un permiso de trabajo, y los permisos no se otorgan a los turistas, los permisos no se otorgan a las personas que están de tránsito, los permisos no se otorgan al que viene a jugar un juego de fútbol de la Copa, porque eso no es un permiso de trabajo…

El jugador viene a hacer un trabajo deportivo pero se tiene que ir después; no se puede quedar aquí trabajando en McDonald’s.

Y no se le permite trabajar a un estudiante que viene a cursar una carrera universitaria.

En el momento en que el ente federal le otorga un permiso de trabajo a una persona, ¿no está reconociendo su permanencia a corto, mediano o largo plazo en los Estados Unidos?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Está reconociendo la permanencia, pero el permiso de trabajo de la mayoría de estas personas no se los otorgaron por la I-220A. Se los otorgaron porque muchos de ellos pidieron asilo.

Entonces se los otorgaron bajo la categoría del asilo, que es C08, no porque la I-220A en sí les permitiera trabajar.

Entonces la mayoría de ellos entraron, les permitieron pedir un asilo y, a través del asilo, fue que obtuvieron el permiso de trabajo.

AGUSTÍN:
Bueno, entonces, ¿usted cree que esto se ventila este año?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Yo espero que sí. Lo que yo no sé es si esto sea antes de noviembre o después de noviembre. Esa es la pregunta del millón.

Pero yo espero que sea este año porque esta decisión que llegó a través de la Sala de Apelación ya se lo devolvieron como desde febrero. O sea, ya lleva muchos meses.

Y yo no sé si también entonces el gobierno le está diciendo: “Ponga el hold mientras sacamos la [decisión] del Congreso o del Ejecutivo.”

Y sería eso, pero no, no, no sé.

Pero la esperanza es que lo podamos hacer lo más rápido posible, porque mire: están deportando muchas de estas personas con I-220A que no han podido resolver, y qué triste sería que deporten y deporten más y después salga un beneficio para los que quedan.

CARLOS:
Eso puede estar planificado: salgamos de la mayoría que se pueda y, cuando otorguemos el beneficio, el que se salvó se quedó.

Doctora, no queremos despedirla sin preguntarle sobre la última decisión, que es el tema de parar las entrevistas en todos los consulados para el otorgamiento de una visa de inmigrante o una tarjeta de residente.

El gobierno está argumentando, por lo menos está diciendo, que esto primero es temporal y, segundo, es para —creo que la palabra que utilizaron fue— la capacitación de nuestro personal consular, y que sean un poco más estrictos y exhaustivos en las entrevistas. Y también pareciera que tiene algo que ver con el tema de la carga pública.

Yo le decía que ciertamente sí es un inconveniente. No es menos cierto que hay gente que utiliza las residencias para venir a estar cuatro meses aquí y, antes de que se le cumplan los seis meses, se va y vuelve a entrar. Y hay gente que tiene esa práctica, que nos parece inusual porque hay gente que sí ha hecho todo lo que necesita hacer para hacerse residente de los Estados Unidos.

¿Qué evaluación tiene usted?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Bueno, efectivamente, como le dije, vamos a esperar cómo decide la jueza esta moción de emergencia, a ver si la jueza ordena también que se ejecute y se anule esta nueva orden del Ejecutivo, del Departamento de Estado.

Vamos a ver. Lo sabremos tal vez en unas cuantas semanas.

¿Qué opino de esto? Yo pienso que es más bien una excusa para continuar dilatando los procesos migratorios porque una de las intenciones, una de las metas del gobierno, obviamente lo han dicho claramente, es bajar la inmigración en los Estados Unidos.

Bajar la inmigración incluye entonces dilatar esos procesos consulares y también dilatar los procesos dentro de los Estados Unidos, dejarlos ahí, que se vaya la gente, y así es una forma de reducir esa inmigración.

Yo pienso que es una excusa porque fíjese: en la primera administración del señor Trump, él emitió una regla de carga pública que es casi igual a la que estamos ahora, si no idéntica, y el presidente Biden, cuando entró, la eliminó. Y ahora, pues, tenemos nuevamente la misma, que está por entrar.

En ese momento ya se había instruido a los oficiales consulares sobre cómo manejar esa carga pública. Se les habían dado todas las guías. De hecho, en la misma página del Departamento de Estado aparecía como un proceso que tenía que mandar la gente, cómo probar que no iba a ser una carga pública.

Entonces, si la mayoría de sus oficiales consulares todavía estaban en sus posiciones consulares, pues ya tienen ese entrenamiento. Uno.

Dos: fíjese, dar un entrenamiento sobre un pedacito de la carga pública, de cómo entrevistar a las personas, y pausar todos los casos indefinidamente sin saber todavía cuándo van a salir de ese entrenamiento, porque la pausa es indefinida…

Si lo comparamos con el entrenamiento que están recibiendo los jueces nuevos que están juramentando, que no tienen mucho conocimiento de inmigración, y que el entrenamiento es limitado y no es indefinido, entonces yo me pongo a pensar: la ley de inmigración es tan compleja, es una de las más difíciles después de la ley de impuestos.

Entonces, si un juez que tiene unos casos muchísimo más complejos que decidir tiene un entrenamiento tan rápido, entonces ¿por qué a los oficiales consulares les van a dar un entrenamiento indefinido sobre un pedacito nada más de la legislación, que es un pedacito de carga pública?

No tiene sentido para mí.

AGUSTÍN:
Doctora, los jueces que están contratando para inmigración no son personas como usted, abogados con experiencia en ley de inmigración. ¿Los están trayendo de otros…?

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Algunos, muy pocos, dentro de los que entran como jueces de inmigración vienen de lo que nosotros llamamos el private bar, que es la barra de abogados defensores de inmigración.

Son pocos. Sí hay, pero son muy pocos, porque pocos son los abogados defensores de inmigración que quieren entrar en ese campo.

La mayoría de estos jueces son veteranos. Obvio, todos son abogados, claro que sí, pero son veteranos o personas que han pertenecido de alguna forma a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos.

Pero muchos, y la mayoría —y lo pueden leer ustedes, está escrito—, la mayoría de ellos hoy día no tienen una experiencia migratoria.

Entonces eso es complicado con estos jueces porque, como inmigración es tan complejo, las decisiones son muy… algunas de ellas, erróneas.

Y, aparte de eso, no son jueces que ya vienen con más… [inaudible]. No van a ser tan neutrales como debe ser un juez, como es obligación, sino también vienen como un poquito más [inaudible], como si fueran oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.

Entonces sí, es compleja la situación que estamos viendo.

Hay abogados —a mí no me ha pasado, gracias a Dios—, pero abogados que están reportando jueces amenazándolos con presentar quejas a la barra de abogados cuando el abogado celosamente representa a su cliente. No por cosas indebidas, obviamente. Una persona que haga algo con falta de ética o viole las normas puede ser reportada.

Pero aparentemente se está dando, sobre todo en algunas cortes de Nueva York, algún comportamiento muy hostil por parte de los jueces hacia los abogados defensores. Y esto también nos está afectando, pues, a nosotros y, obviamente, a los clientes.

Esto es lo que está pasando con esta nueva, vamos a decir, ola de jueces de inmigración que estamos viendo.

AGUSTÍN:
Doctora, si me lo permite, voy a dar su teléfono porque la hemos tenido aquí casi 40 minutos y lo menos que puedo hacer es recomendarle a los oyentes: si algún oyente necesita la mejor asesora de inmigración que pueda encontrar, yo le recomiendo a nuestra amiga Martha Arias.

El teléfono es el 305-671-0018.

Doctora, muchísimas gracias.

CARLOS:
Gracias, doctora. Un placer. [inaudible]

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Muchas gracias por invitarme. Feliz resto de semana.

CARLOS:
Cuando pueda, pase por aquí para que conozca el estudio.

ABOGADA MARTHA ARIAS:
Tengo que volver. Si no, no lo conozco. Ya con la reforma que hicieron no lo conozco.

CARLOS:
Aquí será bienvenida. Gracias, doctora. Muy bien.

ENGLISH TRANSLATION:

CARLOS:
We are changing topics. We already have our next guest with us, and we called her because yesterday, when we were closing the program, as Agustín and I were discussing, we were reading information about an order from a federal judge regarding immigration procedures that had been stopped. They gave the order to move them forward, and it benefits the 39 countries, and our guest will explain to us which are the 39 out of the 75 that had been affected.

But they added to that that yesterday an order was issued under which, throughout the world, interviews for immigrant visas are suspended.

AGUSTÍN:
At the consulates and embassies.

CARLOS:
Well, the argument is that they are going to prepare the personnel so that they can be a little stricter during the interviews because they want to address the public-charge issue.

But, well, we have to be clear: you have to look at it from both angles. We are going to listen to our guest because I have an issue with this.

There are people who really —and by this I do not mean that we agree with the way the immigration policies are being applied— but I know, and I know that many people listening to me know, that there are people who come, obtain permanent residence, go back to their country of origin, come back before the six months are up, and do not live here.

And then that hurts the person who really does want to immigrate and live here. So those things are also seen by those who are auditing how the issue is handled.

But let us welcome our guest.

AGUSTÍN:
Of course. This is attorney Martha Arias, an immigration attorney, who has a segment with us every Monday, but today we called her, today Thursday, precisely because these two breaking-news developments came up yesterday.

Attorney, very good afternoon.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Very good afternoon, Agustín and Carlos. It is a pleasure to be with you here Monday, Tuesday, Wednesday, whenever you…

AGUSTÍN:
Whatever day it happens…

CARLOS:
Martha, it had been a while since we had seen you, attorney. Now we can see you through Zoom.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Right. It is that I have here and there something with the frequency and the station, but, well, with this technology, here we are.

AGUSTÍN:
Wait until you see the studio we have now.

CARLOS:
That is right.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Oh, yes. This is a luxury studio.

CARLOS:
Absolutely, attorney. [inaudible]

AGUSTÍN:
This makes the Artemis control room that just went to the Moon look pale, unless this one is ultra, ultra…

CARLOS:
That is right. We have first-class technology. Welcome, attorney. And, well, you heard more or less the introduction that we made, so cut the cake wherever you want.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Well, let us see. This is interesting. As you very correctly said, a judge had declared that she annulled, or has annulled, or vacated, the government’s decision to pause the issuance of immigrant visas from 75 countries. This was, I believe, last Friday when the judge said this.

Yesterday, August 26, the government announced that it was again going to stop these immigrant visas for training of the consular personnel regarding the new public-charge rule, the regulation that takes effect beginning September 18, next month.

So it becomes a little contradictory because it is stopped on Friday by a judge, but the government issues this decision.

What is happening?

The latest thing that is happening is the following: the plaintiffs filed an emergency motion to force the government to comply with the decision or order of Judge Vargas because the decision, they say, covered all immigrant visas; that this is an excuse and that it is basically the same thing as the previous pause for public-charge reasons that the government carried out, the same thing that is happening now, that they paused it again.

So, right now, Agustín and Carlos, there is an emergency motion filed in court asking, demanding, that the government comply with the judge’s order.

AGUSTÍN:
Would this be clarified this week according to what the court might rule, or does the court normally hear arguments, then retire to deliberate, and we could then be seeing a final determination later in the year?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Well, we hope that they do this quickly because it was filed as an emergency motion, an emergency motion, to force compliance.

Because it is an emergency motion, it is supposed to be answered quickly.

So we hope that perhaps, in no more than one to two weeks, the government will answer this motion and a decision can be made.

But we also do not know because, remember, it is only a motion. The previous judge’s decision already exists. If this motion is denied, then another lawsuit would again have to be filed because of this new government measure.

CARLOS:
Before we get into the subject, attorney, of the interviews for people seeking a visa or a permanent resident card, I want to get into the B-1/B-2 visa issue.

That is, many people have understood or misunderstood the issue to mean that if your visa was issued in 2016 or after 2016, or from 2016 onward, then you could not request asylum or would be a candidate to have your asylum denied.

What is the reality regarding this issue of visas issued after 2016 or from 2016 forward?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Well, I rather think that the reality is because we are talking about ten years, and normally those ten years are how long visas last nowadays because they issue them for ten years.

I think the point of the ten years, or 2016, is because of that, because of expiration, because obviously, if it was issued before 2016, obviously that visa has already expired if they did not renew it.

So I think the point about 2016 is because of expiration; normally it is ten years.

What the government is saying is that people —if we are talking about B-1/B-2— what the government is saying is that if a person was issued that visa and, while inside the United States, requested asylum, that visa is going to be canceled by the Department of State.

It is not known when they are going to start doing this or where they are going to send notices of those cancellations.

But what I want to tell the public is that this is nothing new. Obviously it is news that has an impact because anything that says “visa” and “cancellation” obviously has an impact, but this is nothing new.

Look, if a person comes to the United States with a tourist visa or an employment visa, whatever, and that person requests asylum, that person is showing an intention to immigrate to the United States because that is why the person is requesting asylum.

Obviously, that person has, when entering with a tourist visa, six months to be in the United States, and if it is a student visa, then until the studies last.

But if that person requests asylum, it means that those six months that were given under the tourist visa, the person is no longer going to have them, the person is going to lose that tourist status. And that visa, even though the person already has it in the passport, no longer has validity because the person already immigrated, in a certain way showed an intention to immigrate.

So, in practice, during the 23 years that I have practiced as an immigration attorney, I have never seen a person…

CARLOS:
So you started practicing very young.

AGUSTÍN:
You started in high school…

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
About five years old.

CARLOS:
[inaudible]

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Someone told me that it is not that we are old; it is that we have accumulated youth. It is an amount of accumulated youth.

But going back to what I was telling you: during these 23 years, I have never seen a person who comes to the United States with a tourist visa and requests asylum, whether the asylum is approved or denied, then leaves the United States and tries to apply again for a tourist visa and receives it.

Nobody. They never give that visa again because the person has already shown an intention to immigrate.

I even had a client whose asylum was approved; the person stayed about five or six years and went back to the home country. Later, the person tried to renew the tourist visa and return, and it was never approved again, nor was it approved for the person’s children, who left when they were very young.

So, let us say that de facto this has always happened: they never renew the person’s tourist visa.

The only difference with what is happening now is that they are going to send, let us say, a not very pleasant little letter saying: “Your visa has been canceled.”

But who said we are going to need it anymore? The person is already in the United States. [inaudible] This, in fact, has always happened.

AGUSTÍN:
All right, attorney. I am very curious about the I-220A issue because I maintain that the I-220A was given to a group of people who entered the United States and the government gave them some type of processing at some border location, at some office there within the territory of the United States.

Those people were given some document that later allowed them to obtain a work permit, and many of them even obtained a driver’s license in the state where they went to live.

For practical purposes, I understand that the government accepted them because otherwise they would not have been given either the driver’s license, which is an official state document, or the work permit, which is a federal document.

If I arrived home tonight and found ten people sitting in my living room, eating, drinking, they had taken off their shoes, they were watching television, and I became angry and said, “Who are you? How did you get in here?”

“Oh, no, your son opened the door and allowed us to come in.”

I cannot call the police and accuse them of trespassing if my son allowed them to enter.

So I maintain, as a simple matter of common sense, that these people were admitted, and if they were admitted and were given these documents, then they meet the requirement of the 1966 law that would allow them to apply under the Adjustment Act.

Do you have any idea what the timeline is for the pending judicial process?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Yes. Well, the process at this moment is that the Eleventh Circuit sent the case back to the Appeals Board, in that Cabrera-Fernández case, which is the case. It sent the case back to the Appeals Board so that they would reinterpret or reanalyze the definition they had previously given regarding the I-220A.

You remember that at some point the court said no, that the I-220A is not parole, although it was not explicitly in the best case, with the best facts, where the Court of Appeals said that.

So the Appeals Board, in this case, had it returned.

And I am talking about the Eleventh Circuit, which is the one in Atlanta. It returned this case to the Board of Immigration Appeals, which is the Board of Immigration Appeals, telling them: “You are interpreting this incorrectly. Your interpretation is not correct. I am sending it back to you so that you analyze it again and interpret the law correctly.”

That return from the Eleventh Circuit to the Appeals Board is pending.

AGUSTÍN:
Now, let me interrupt you for a moment. Now we are going to enter the speculative territory of someone who has 23 years and tremendous experience in these matters.

Does your sense or instinct tell you that the return from the Atlanta Court of Appeals to the Board of Immigration Appeals, with that instruction and with an indication from which one can infer that they are being called out for an incorrect interpretation, could result in a benefit for the petitioners?

For those listening to us on the radio, the attorney is now thinking very carefully.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Let us see. From the legal point of view, I think that it is entirely possible and that should happen.

From the legal point of view, I would not see another line of reasoning, another analysis, that would lead to a different decision. That would be the correct thing.

Because the way the attorneys argued it and the way it is argued, it is very clear. And as you told me, it is very clear that it has to be that way.

Now, that is from the legal point of view. From the practical point of view, seeing certain decisions from the Appeals Board concerns me. It concerns me very much what decision they may issue because the current Appeals Board is no longer that board where there were jurists who did very deep and well-done analyses.

We now have a new board, practically new, because many judges are new…

AGUSTÍN:
Politicized?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Politicized to the maximum, serving the Executive’s directives regarding immigration matters.

AGUSTÍN:
And who has the last word in this case, Atlanta or the Immigration Board?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Atlanta. Because when it is returned to the BIA, the BIA goes back, interprets it, and if the parties again file a petition for review before the Eleventh Circuit, then it goes back to the Eleventh Circuit for another analysis and the final decision.

Well, final up to… I mean, overall, because from the Eleventh Circuit it can go to the Supreme, of course, or to the Supreme Court.

But then, apart from these two things, if you asked me what my instinct is, my sixth sense, my instinct is that this is going to have to be resolved by the Executive or Congress in some way.

And we have seen how María Elvira Salazar has requested that at least those who have I-220A be given parole in place, similar to what was given to members of the military.

I think that if the Appeals Board does not make that favorable decision, perhaps this will come through the Executive.

Why do I think that?

Because look at the Cuban adjustment-of-status applications that most attorneys and people have pending with I-220A before USCIS and before the court: most are on stand-by. That is one.

Two: some of those that are not on stand-by involve judges who have had the courage, I think, to say: “That I-220A is parole.” We have one recently that was given in Orlando.

So that is why I think that these cases are on stand-by and on hold. There is some decision coming from above where they tell them: “Look, hold it, hold it, keep it there, but do not [inaudible], because something is going to happen here.”

And I think something is going to happen more through the Executive or Congress than through the Appeals Board.

CARLOS:
Very well. We are left with all of that uncertainty because what… Agustín, attorney, the issue of admission for the person who was given an I-220A.

The person appeared —I am going to give a border example— appeared at the border and said, “Here I am,” because the person requested an appointment through the application, and then an I-220A was issued.

AGUSTÍN:
But look, Carlos and attorney, long before the attorney graduated from law school, and when you lived on Margarita Island and I was already around here, a Cuban rafter would arrive in the Keys on a vehicle tire.

The moment the person touched land, four or five passersby who were there would receive him, buy him a Coca-Cola to hydrate him, give him a sandwich, and call the police.

Then the police would come, and the police probably did not even take him away. They took him to the transit home run by Arturo Cobo there in Key West. Arturo would house them and, the next day, they would take them to immigration.

And they would process them and give them exactly the same paper they gave the I-220A people. They gave them an admission paper, and with that admission paper the person would obtain a driver’s license, obtain a Social Security number, and then, after one year and one day, would go to an immigration attorney and apply for residence under the 1966 Adjustment Act.

There is not a great difference. The document’s name may change, but the spirit of one and the other is practically identical.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
You are absolutely right. Although, if we look at it from the legal point of view, and these are the arguments that have been made, immigration law has only two forms.

How does a person determine whether he or she entered the United States, let us say, legally? Obviously it is through the border, by land or by air, I do not know, by sea; well, they can enter.

But there are two legal forms of entering. The two legal forms are an admission, which is when the person enters with a visa: tourist visa, investor visa…

When the person enters that way, they give the stamp, it is stamped that the person entered in the system and was admitted in the category under which the person entered.

The other form that is in the law —this is in the statutory law of the United States Congress— the other form is parole.

Parole, let us call it permission. It is like Agustín was saying just now: if you opened the door for that person, you gave that person permission to enter your house.

You did not give the person the key, which would be admission, because admission would be the key: you gave the person the key to open the door.

No. You did not give this person the key. You opened the door for the person and allowed the person to sit in the living room. That permission is called parole.

So there is no other name in the statute: either admission or parole.

AGUSTÍN:
Which comes from the French word parole. It is like an acceptance that the person can remain here, a stay.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
On one’s word. We are allowing the person to enter, a permission.

Now, if the person enters at that moment, what is the correct document? If they give that permission, the correct document to show it is called parole, and it is a form, the I-94, which is the same one they give for admission, but they put a stamp saying parole under Section 212(d)(5)(A), which is the section that says it is humanitarian parole.

It is stamped there, they sign it, and it remains in the system as parole. There is no other, there is no other.

So what happens? If the person is not given that parole and is deported from the border, they remove the person and give the person an I-220B. That is when the person was already deported but went through an interview and, I believe, was allowed to enter.

That is something different. There is no parole there either. There is a deportation, except the person is carrying it out inside with that I-220B.

What happens when they give the incorrect document, which is that I-220A, which is the one the officers gave at entry? That document is for the person to be released on recognizance, on his or her word.

We are now talking, let us say, about the parts of the process.

Part one is: I admit you or I give you parole, okay?

Part two is: I am going to give you this document so you can enter.

And part three, which can be together with part two, is: I am going to place you in custody or I am going to allow you to enter.

Obviously, if the person has an admission and has a visa, they are not going to place the person in custody.

If the person has parole because they are allowing the person to enter, they can determine whether they place the person in custody or not.

And they are not placing the person in custody; they are allowing the person to leave on recognizance.

AGUSTÍN:
But they are not only allowing them to leave, or did not only allow them to leave at the time; they gave them a path to obtain a driver’s license and a work permit.

In the absence of a national identity document, as the document is called in Spain, and the identity card in the Dominican Republic —exactly— in the absence of that, which we do not have here in the United States, the only other document today that has a national standard is the driver’s license.

And if, in order to get a driver’s license, you are required to have regularized immigration status, these people presented the paper they were given at that moment of entry or during processing, and with that they obtained their driver’s license and their work permit.

I do not remember the text, the exact words of the 1966 Adjustment Act, but I seem to remember reading at some point that it said “legally admitted.”

And if it is legally admitted, is that not what the 1966 law says?

Admitted. What does admitting mean? To admit means to authorize someone to enter.

If you go to a nightclub where there is a doorman —this was very common in the 1980s and 1990s— and 50 people want to enter the nightclub but everyone cannot fit, there is a doorman and the doorman selects who enters.

That is an admission.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Well, there I do disagree, although in general terms we could say yes.

But immigration law, the statute, defines what an admission is for immigration purposes, for purposes of the statute.

So an admission, it says clearly, is when the person is allowed to enter or enters the United States with a type of visa that allows the person to be admitted.

So the definition of admission in the statute is different from what we know on the street from the point of view of the language, where it can have another connotation.

There is a different definition, a different definition.

But what is clear is that there are only two ways to enter legally: either parole or admission. There are no others.

So the fact that some people were processed and given the wrong document, that they should not have been given an I-220A and should have been given parole, that is not the immigrants’ fault.

That is the fault of the way they were processed, right?

That is one of the main arguments.

CARLOS:
Now, but in a challenge —and excuse me for interrupting you, attorney—, in a challenge in court, can you as an attorney argue, beyond what the word admission may mean from the point of view of legal language, that this person entered and was given a series of documents that have recognized the entry and therefore the person’s stay in the United States?

In the case of Cubans, does that allow the person to apply under the Cuban Adjustment Act, or can a person only apply for Cuban Adjustment if the person previously has parole?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Yes, it has to be parole or admission.

And because the person was allowed in, was processed, was permitted to enter, and did not have a visa for it to be called an admission, then it cannot be anything other than parole.

The officers at entry gave the person a form that was called X, Y, or Z; in this case it was called the I-220A.

CARLOS:
And in court you can say: “It is not the immigrant’s fault; it was the government that incorrectly issued a document.”

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Exactly. Well, that is the argument. That is precisely the argument that has been in court and that has reached the Eleventh Circuit.

That is the situation: the government gave the wrong document, but that is not the immigrant’s problem.

That document should not have been called I-220A; it should have been called parole because there is no other.

AGUSTÍN:
I will go to another point.

When you enter the United States as a tourist, you cannot work legally. You cannot work, and if you work, you are outside the law.

If you enter as a student, with a student visa to study a degree at a university, you cannot work as a student with a student visa.

At the moment that the federal government —and this is my opinion, but I think it is an opinion that has some support, we could say quasi-legal support—, at the moment that the federal government, which is the institution that grants a work permit, and permits are not given to tourists, permits are not given to people who are in transit, permits are not given to someone who comes to play a soccer game in the Cup, because that is not a work permit…

The player comes to perform athletic work but has to leave afterward; the player cannot stay here working at McDonald’s.

And a student who comes to complete a university degree is not allowed to work.

At the moment the federal entity grants a work permit to a person, is it not recognizing that person’s short-, medium-, or long-term stay in the United States?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
It is recognizing the stay, but the work permit for most of these people was not granted because of the I-220A.

It was granted because many of them requested asylum.

So it was granted under the asylum category, which is C08, not because the I-220A itself allowed them to work.

So most of them entered, were allowed to request asylum, and it was through the asylum application that they obtained the work permit.

AGUSTÍN:
Well, then, do you believe this will be resolved this year?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
I hope so.

What I do not know is whether this will be before November or after November. That is the million-dollar question.

But I hope it will be this year because this decision that came through the Appeals Board was sent back around February. In other words, it has already been many months.

And I do not know whether perhaps the government is also saying: “Put it on hold while we get the [decision] from Congress or the Executive.”

And that could be it, but I do not, do not, do not know.

But the hope is that we can get it done as quickly as possible because look: many of these people with I-220A who have been unable to resolve their cases are being deported.

And how sad it would be if they deport and deport more people and then a benefit comes out for those who remain.

CARLOS:
That could be planned: let us get rid of as many as possible and, when we grant the benefit, whoever survived stayed.

Attorney, we do not want to say goodbye without asking you about the latest decision, which is the issue of stopping interviews at all consulates for the issuance of an immigrant visa or a permanent resident card.

The government is arguing, or at least saying, that, first, this is temporary and, second, it is for —I believe the word they used was— training of our consular personnel so that they can be somewhat stricter and more thorough in the interviews.

And it also appears that it has something to do with the public-charge issue.

I was saying that it is certainly an inconvenience.

It is no less true that there are people who use their permanent residence to come and stay here for four months and, before the six months are up, leave and come back in.

And there are people who have that practice, which seems unusual to us, because there are people who have done everything they need to do to become residents of the United States.

What is your assessment?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Well, effectively, as I told you, we are going to wait to see how the judge decides this emergency motion, to see whether the judge also orders that this be enforced and this new order by the Executive, by the Department of State, be annulled.

We will see. We may know in a few weeks.

What do I think about this? I think it is more of an excuse to continue delaying immigration processes because one of the intentions, one of the government’s goals —obviously they have said it clearly— is to reduce immigration in the United States.

Reducing immigration therefore includes delaying those consular processes and also delaying processes inside the United States, leaving them there, letting people leave, and that is one way of reducing that immigration.

I think it is an excuse because look: during Mr. Trump’s first administration, he issued a public-charge rule that is almost the same as what we have now, if not identical, and President Biden, when he came in, eliminated it.

And now, well, we again have the same one that is about to take effect.

At that time, consular officers had already been instructed on how to handle that public-charge issue.

They had been given all of the guidance. In fact, the State Department’s own website had a process that people had to submit, how to prove that they were not going to become a public charge.

So, if most of those consular officers are still in their consular positions, then they already have that training. One.

Two: look, to provide training about one little part of public charge, about how to interview people, and to pause all cases indefinitely without yet knowing when they are going to finish that training, because the pause is indefinite…

If we compare that with the training being received by new judges who are being sworn in, who do not have much immigration knowledge, and that training is limited and is not indefinite, then I begin to think: immigration law is so complex; it is one of the most difficult areas after tax law.

So if a judge who has much more complex cases to decide receives such rapid training, then why would consular officers be given indefinite training about only one small part of the legislation, which is a small part dealing with public charge?

It does not make sense to me.

AGUSTÍN:
Attorney, the judges they are hiring for immigration are not people like you, attorneys with experience in immigration law. Are they bringing them in from other…?

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Some, very few, of those entering as immigration judges come from what we call the private bar, meaning the bar of immigration defense attorneys.

There are few. Yes, there are some, but they are very few because few immigration defense attorneys want to enter that field.

Most of these judges are veterans. Obviously, all of them are attorneys, of course, but they are veterans or people who have belonged in some way to the Armed Forces in the United States.

But many, and the majority —and you can read it, it is written— most of them today do not have immigration experience.

So that is complicated with these judges because, because immigration is so complex, the decisions are very… some of them are erroneous.

And, apart from that, they are not judges who already come with more… [inaudible]. They are not going to be as neutral as a judge should be, as is required, but they also come a little more [inaudible], as if they were officers of the Department of Homeland Security.

So yes, the situation we are seeing is complicated.

There are attorneys —it has not happened to me, thank God— but attorneys who are reporting judges threatening them with filing complaints with the bar when the attorney is zealously representing the client.

Not because of improper things, obviously. A person who does something unethical or violates the rules can be reported.

But apparently there is, especially in some New York courts, some very hostile behavior by judges toward defense attorneys.

And this is also affecting us and, obviously, the clients.

This is what is happening with this new, let us say, wave of immigration judges that we are seeing.

AGUSTÍN:
Attorney, if you allow me, I am going to give your telephone number because we have had you here for almost 40 minutes, and the least I can do is recommend to the listeners: if any listener needs the best immigration adviser they can find, I recommend our friend Martha Arias.

The telephone number is 305-671-0018.

Attorney, thank you very much.

CARLOS:
Thank you, attorney. A pleasure. [inaudible]

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
Thank you very much for inviting me. Have a wonderful rest of the week.

CARLOS:
When you can, come by here so you can see the studio.

ATTORNEY MARTHA ARIAS:
I have to come back. Otherwise I will not get to see it. With the remodeling they did, I have not seen it.

CARLOS:
You will be welcome here. Thank you, attorney. Very good.