Any Questions?
We are ready to answer all your questions. Just fill the form and we will call you soon.
Last Thursday, I joined journalist Orian Brito to discuss an issue that continues to touch thousands of Venezuelan families in the United States: the end of Temporary Protected Status (TPS) and the new legal actions that emerged after November 7. I appreciate every opportunity to help our community understand what these changes truly mean, especially during moments of uncertainty.
During the interview, we talked about the document submitted by more than 125 Democratic legislators to the Ninth Circuit Court of Appeals. Although this filing has received significant attention, it is important to approach it with clarity and realism. Legally, it is an amicus brief, a supporting document that expresses political and humanitarian concern, but it does not have the power to reverse the termination of TPS on its own. At this stage, the decision ending TPS remains fully in effect.
For many Venezuelans, especially those who relied solely on TPS and did not have another pending immigration process, this creates a difficult reality. Individuals without asylum applications, family petitions, or another form of relief are now without legal status as of November 7. This change carries serious consequences, including the accumulation of unlawful presence.
I also addressed the confusion surrounding the $100 asylum filing fee. USCIS has now clarified publicly that individuals with pending asylum cases do not need to pay this fee, even if a payment notice was previously issued. That clarification, however, came a few days after the court’s order, and many people understandably felt lost in the process.
We ended our conversation by discussing labor certification cases, travel permits, and the complexities created when TPS, asylum, and employment-based processes intersect. These situations must be evaluated carefully, because each case has its own risks, timelines, and legal implications. For some, a viable path may exist. For others, certain steps—like international travel—can jeopardize everything.
My goal is to keep our community informed with honesty and compassion. These are not easy times, but staying vigilant, asking questions, and seeking reliable legal guidance can make a meaningful difference. I thank Orian for opening this space for clarity and for the respect he always shows toward the immigrant community.
If you need guidance about TPS, asylum, family petitions, labor certification, or your specific situation, you are welcome to contact my office at 305-671-0018. We will continue sharing updates as soon as new information becomes available.
Disclaimer:
The information provided in this article is for general educational purposes only and does not constitute legal advice. Immigration laws and policies change frequently, and the details of each case are unique. Reading this material does not create an attorney-client relationship with my office. If you need guidance about your personal situation, please schedule a consultation so we can review your case individually.
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SPANISH TRANSCRIPT:
Orian Brito:
Hola amigos, feliz jueves. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por conectarse, por ser parte de esta comunidad. Hay varias informaciones. Una tiene que ver con inmigración, otra tiene que ver con Venezuela, que aunque no es de inmigración propiamente, lo voy a decir porque está en desarrollo. Pero escuchen esto.
Surge un nuevo intento por parte de congresistas de Estados Unidos para revertir la decisión que puso fin al TPS para los venezolanos. Hoy sabemos que más de 125 legisladores demócratas presentaron un documento ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el día de hoy para que se anule la medida que terminó con este beneficio migratorio, incluso después de que la Corte Suprema, como ustedes saben, respaldara al Gobierno para poner fin al TPS.
¿Qué impacto real puede tener esta acción? ¿Podría significar una nueva esperanza para los venezolanos que perdieron su TPS? Hoy converso con una abogada muy querida, una mujer muy profesional que siempre me da su tiempo para hablar del tema: es la abogada de inmigración Martha Arias, que nos va a ayudar a entender el alcance legal de esta decisión.
Abogada, ¿cómo está?
Abogada Martha Arias:
Buenas tardes, o buenos días, o… o noche ya. Ya es la noche, más bien.
Orian Brito:
¿Cómo le va?
Abogada Martha Arias:
Muchas gracias por su invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y con su audiencia. Estoy bien, bien, con mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero para eso estamos, con salud.
Orian Brito:
Es que es lo más importante, abogada. Quiero preguntarle: ¿qué implica esta acción de los legisladores? Se conoce hoy, 12 de noviembre, pero bueno, ya el TPS el 7 de noviembre prácticamente podemos decir que finalizó. ¿Qué impacto podría tener esta decisión en el Noveno Circuito?
Abogada Martha Arias:
Yo sinceramente creo que no va a tener ningún impacto desde el punto de vista legal. Lo que estos 120 congresistas presentaron —incluyendo una senadora demócrata de la Florida, Debbie Wasserman Schultz— es lo que se llama en inglés un “amicus brief”.
Un “amicus brief” es como un memorial de alegatos que se conoce como amigo de la corte. Es decir, este grupo de congresistas presenta este documento a la corte pidiendo que se reconsidere esa decisión de terminar el TPS de Venezuela.
Ellos aducen, dentro de este memorial de alegatos o dentro de este “amicus brief”, lo siguiente:
Entonces consideran estos senadores que, al terminar el Ejecutivo el TPS y los argumentos que presentó, es como que volvieron a escribir la ley —“rewrite the law”—, quiere decir, como que la interpretaron a su manera, pero que el Congreso no tuvo la intención de interpretar la ley de esta forma para ser aplicada al TPS.
En otras palabras, como quien dice que los senadores están diciendo: “Nosotros, el Congreso, interpretamos la ley del TPS de una forma distinta a la que la está interpretando el Ejecutivo, y por lo tanto no debe terminarse este TPS”.
Pero fíjese: esto es un “amicus brief” que se está presentando apenas ahora, cuando ya esta decisión está en firme. Claro, hay ciertas peticiones que se presentan post–decision. Eso es lo que se llama post-decision petitions, peticiones que se presentan después de que hay una decisión. Obviamente, legalmente se pueden hacer, pero bueno…
No sé qué impacto legal tenga. Pienso que tiene más un soporte, un reconocimiento político de los demócratas al pueblo venezolano y al TPS, como un gesto, como un: “Vamos a actuar en beneficio de estos venezolanos”.
Pero pienso yo que es tarde, uno. Y dos: que de pronto esta medida no va a ser tan fuerte, por lo menos en esta etapa, porque no lo hicieron antes… porque no pasó antes… porque no estuvieron antes. Eso es lo que…
Orian Brito:
Por cierto, sobre la tensión en Venezuela, quiero aprovechar este momento —que era lo que iba a decir, que no tiene que ver con inmigración— pero usted sabe que hemos visto un despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Hay una tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos ha atacado unas narco–lanchas y, solamente a manera de información, hoy lo acaba de informar hace instantes el Secretario de Guerra.
Dice que el presidente Trump —lo voy a leer textual— ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. “Hoy anuncio”, dice, “el operativo Lanza del Sur, dirigido por las Fuerzas de Tarea Conjunta del Comando Sur. Esta misión defiende nuestra nación, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestro país de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de América y lo vamos a proteger.”
Es el anuncio. Anuncian a partir de hoy esta operación Lanza del Sur. ¿Cuál es el alcance? ¿A dónde va o cómo va? No lo podemos decir. Yo no soy astrólogo, ni tampoco experto militar, pero ya la operación tiene un nombre, un objetivo: erradicar el narcoterrorismo.
Así que vamos a estar pendientes con lo que ocurra en las próximas horas.
Fíjese que… quiero preguntarle a la abogada: mientras los venezolanos siguen en esta diatriba, ¿qué hacer? Lo recomendable, en todo caso, sería no esperar qué pueda decidir el Noveno Circuito de Apelaciones, sino buscar otra vía, como se ha hablado anteriormente.
Porque esto… primero, ya estamos a 12 de noviembre, ya se acerca una fecha donde Estados Unidos —o todo el mundo— empieza a salir de vacaciones, etcétera. No tenemos, digamos, una fecha tentativa en la que se podría decidir esto.
Abogada Martha Arias:
Es correcto. No tenemos una fecha tentativa. Y posiblemente —o sea rápido o sea para el año entrante— pero los venezolanos definitivamente…
Hay unos que pueden tener todavía un estatus legal a través del asilo que tengan pendiente, si es que tienen un asilo pendiente.
Otros, pues, que tienen el beneficio de una petición familiar —sea de cónyuge, o de padres, o de hijos— pues también van a tener ese privilegio.
Pero está el gran número de venezolanos que solamente estaban protegidos por el TPS, que no presentaron asilo, y que definitivamente, en este momento —en noviembre 13— están totalmente desprotegidos y sin un estatus legal.
Entonces, la decisión tendría que venir muy rápido para ser positiva para ese grupo de venezolanos que están totalmente desprotegidos. Yo espero que una decisión venga del Congreso, pero directamente del Congreso, no a través de las cortes, porque estos litigios —usted sabe— van y vienen, van y vienen.
Si alguna parte ganara aquí, seguramente el Gobierno va a volver a apelar, y vuelve y apela, y volvemos a este círculo vicioso.
Orian Brito:
Pero es que es un círculo que termina en lo mismo, donde la Corte Suprema le dice al Gobierno: “Usted tiene derecho de quitarlo”, y entonces la gente se queda en el aire.
Yo, siendo venezolano, y trato de brindar servicio a través de este espacio, condeno —y lo digo públicamente— que se brinde una esperanza que siento que es una esperanza delicada. Es decir, que no brinda solidez a la gente.
Sí, vamos a ir al Noveno Circuito… y la gente se sienta y espera al Noveno Circuito.
No. Usted está acumulando, si usted no tiene ningún otro trámite, está acumulando presencia ilegal en Estados Unidos, y eso es gravísimo.
Abogada Martha Arias:
Es así mismo. Es correcto.
La gente que se juega el chance o la oportunidad de quedarse aquí en Estados Unidos sin estatus sabe que eso la va a afectar a futuro, que ya en el futuro tendría que ser una petición de familiar inmediato —que es de cónyuge, padres o hijos ciudadanos americanos— si ellos son menores de edad o…
Van a tener que tener hijos ciudadanos americanos que les vayan a hacer una petición. Y esto, obviamente, es incierto, porque si en este momento no tienen una petición de esta naturaleza, pues no se ve, a corto plazo, esa posibilidad de petición.
Orian Brito:
Quiero preguntarle también sobre el tema del pago de los 100 dólares para el asilo. ¿Cómo se está viviendo esto? Porque al principio el Gobierno lo anunció, después un juez lo frenó. Por ejemplo, en las últimas peticiones que usted ha manejado en su oficina, ¿cómo se está viviendo el proceso?
Abogada Martha Arias:
Bueno, como se está viviendo el proceso… la gente está confundida. Obviamente, no es para menos: está confundida porque el Servicio de Inmigración envió notificaciones de pago a las personas que tenían el asilo pendiente.
Entonces, la notificación —o la decisión de la corte— salió el 30 de octubre, y pues muchas personas no pagaron y estaban sin saber si tenían que pagar o no.
Y no fue hasta el 7 de noviembre cuando Inmigración (USCIS) publicó en su página que iban a acatar esta orden, y que las personas que no habían pagado no tenían que pagar, aunque les hubiera llegado la notificación de pago.
Claro, entonces por lo menos esos siete días después de la orden del juez hubo incertidumbre: no se sabía si se tenía que pagar, si no se tenía que pagar… hasta que publican oficialmente y USCIS lo reconoce.
Ahora, en este momento, como está la notificación escrita y publicada por USCIS, la gente ya sabe que no lo tiene que pagar porque pueden leer esa notificación oficial.
Pero yo diría que el periodo de incertidumbre fue más que todo esos siete días después de la decisión del juez. Personas que pagaron la tarifa saben, con esa misma publicación oficial, que no les van a devolver su dinero.
En este momento yo creo que ya la gente está más tranquila y entiende más. Pero aun así creo que todavía hay gente preguntando —en nuestra oficina también—:
“¿Tengo que pagar la tarifa? ¿No la tengo que pagar?”.
Incluso, en las cortes a veces la gente dice: “Bueno, eso fue con Inmigración, ¿pero qué está pasando con la corte?”.
Entonces sí, todavía hay confusión en algunas personas, pero ya es oficial que no tenían —o que no tienen— que hacer ese pago de esos 100 dólares.
Orian Brito:
Claro. Ya para ir cerrando, abogada… Ayer estuve hablando —conversábamos con la abogada de inmigración, Martha Arias— sobre el tema de la certificación laboral, un mecanismo que para algunos puede ser una vía para permanecer en Estados Unidos.
Y hay un caso particular que me ha escrito —y me ha hecho mucho énfasis en esto— porque él tiene su propia firma, ha construido su propia empresa. Él dice… él me comenta que es autodidacta, que en el área del diseño arquitectónico tiene su propia firma y que él siente que no necesitaría un sponsor para aplicar por esa certificación, ya que él presta su servicio de diseño a través de su firma.
Y él tiene como esas dudas porque, claro, el punto está aquí… Ayer me decía un colega suyo que cuando tú acumulas… estás ilegal, aplicar a un trámite es muy difícil porque tendrías que salir.
Entonces, ¿qué se le puede recomendar a las personas que están viendo esta opción? Especialmente para aquellos que tenían TPS, ya no lo tienen, y están sin estatus.
Abogada Martha Arias:
A ver, lo que es el proceso de certificación laboral es un proceso viable. Pero como usted bien lo dice, si la persona ya está fuera de estatus, incluso los que tuvieron TPS por mucho tiempo y les aprobaron la certificación laboral, muchos de ellos igual tenían que salir del país, porque el TPS no es un estatus legal para poder recibir la residencia en esa categoría de empleo.
Entonces, a esas personas yo les recomiendo que consulten bien con un abogado, porque es posible obtener la residencia a través de esa certificación laboral, pero deben analizar bien el caso:
Entonces esos son los análisis que se deben hacer antes de empezar o iniciar el proceso de certificado laboral, porque es costoso: puede costar más de 15.000 dólares para una persona este proceso.
Antes de empezar y pagar todo ese dinero, hay que mirar primero hacia adelante:
Si no tiene quien lo califique, no podrá presentar ese perdón. Entonces, ¿para qué va a invertir 15.000 dólares —o quién sabe cuánto— para llegar a un punto cero? Un punto muerto.
Esos son los análisis que deben hacer las personas antes de iniciar.
Pero hay muchos venezolanos que están haciendo procesos de certificación laboral porque han trabajado para compañías por mucho tiempo y tienen ese patrocinio de esa compañía. Yo los animo a que lo hagan porque, si lo pueden hacer y no van a ser inadmisibles, obviamente es una gran oportunidad para ellos —aunque tengan que salir del país—.
Son muchas cosas, muchos factores los que se deben analizar. Cada caso se analiza bajo tres hechos. Ese análisis requiere, yo diría, no una, sino dos o hasta tres consultas u opiniones de distintos abogados.
Orian Brito:
Hay un tema… Yo conozco el caso de una chica que se le fue aprobada, pero estaba esperando un permiso de viaje, y el permiso de viaje nunca le llegó. Y claro, tiene su asilo porque tenía un asilo pendiente, tenía TPS y ahora todo…
Claro, ¿cómo queda ese permiso de viaje que todavía está esperando, donde además tiene su asilo pendiente y ya tenía esa certificación aprobada?
Es bastante compleja esa situación, sobre todo cuando la última…
Abogada Martha Arias:
Si no recibió ese permiso de viaje, aunque se lo aprueben ahora, no va a tener efecto porque ya el TPS no existe. Porque ha quedado terminado.
Entonces, ahí no va a tener una forma de regresar y que la dejen entrar a continuar con estatus de TPS.
Ahora, si tiene un asilo pendiente, tiene que pedir también un permiso de viaje, que se llama “Refugee Travel Document”, que es un permiso de viaje para aquellas personas que tienen el asilo pendiente.
Porque si ella sale con el permiso del TPS de viaje, realmente no va a regresar con el TPS. Y si no presenta el permiso de viaje a través del asilo, no va a poder regresar a continuar con ese asilo tampoco, porque se va a considerar abandonado.
Una persona que presenta un asilo y sale sin permiso… ese asilo se considera abandonado. Hay que pedir un permiso de viaje con el asilo, con el asilo.
En conclusión: muchas personas que estaban en esta situación tenían que pedir los dos permisos:
Muy complicado, porque eso es casi incomprensible para las personas que no son abogadas. Y, incluso, para nosotros los abogados nos quedamos confundidos… porque uno se pregunta: “¿Por qué tengo que hacer esto?”, pero es que la ley lo requiere.
Porque son dos figuras distintas que requieren dos peticiones distintas de viaje para poder regresar y retomar sus trámites.
Orian Brito:
Perfecto. Gracias a la abogada Martha Arias. Me gustaría que dé su número de teléfono para cualquier persona que quiera sentarse… Si usted quiere explorar el tema de la certificación laboral, si desea —como en el caso de la chica que estoy comentando— pedir ese permiso de viaje adicional, sentarse con ella, tramitar su asilo, ajustar estatus, petición familiar… bueno, ya sabe: de todo, de todo esto.
Entonces, ¿dónde la pueden contactar?
Abogada Martha Arias:
El teléfono de mi oficina es 305-671-0018. Lo repito: 305-671-0018.
Mi página web es ariasvilla.com. Ahí pueden encontrar la dirección, teléfono, mis redes sociales, Instagram… todo está allí en esa página: ariasvilla.com.
Orian Brito:
Ariasvilla.com, perfecto. Seguimos pendientes del tema migratorio y también del caso de Venezuela. Cierro rapidito con estas dos cosas.
El senador Lindsey Graham ha escrito en los últimos minutos —a quienes se preguntan qué está pasando en Venezuela— que deben entender que el presidente Trump habla muy en serio cuando se trata de detener al narcoestado venezolano, que continúa envenenando a estadounidenses con droga.
“El presidente Trump también considera que Maduro es un líder ilegítimo, cuyos días están contados. Coincido con la evaluación del presidente sobre la situación de Venezuela. No considero a Maduro un líder legítimo, sino un narcotraficante acusado en tribunales.”
Esas son declaraciones que se están dando al margen del anuncio que ha hecho el Secretario de Guerra sobre la operación Lanza del Sur.
¿Qué más? Repito lo que aquí dice un colega de la agencia —no de la agencia, del diario El País— David Alandete, que está en Washington:
“Estados Unidos acelera hacia un escenario inédito en dos décadas. Estudia golpear objetivos en Venezuela mientras convierte su ofensiva antidrogas en una operación militar de largo recorrido. Trump estudia ataques selectivos dentro de Venezuela. La campaña antidrogas pasa a llamarse Operación Lanza del Sur. Como lo dije: despliegan cerca de 12.000 efectivos y una docena de buques en el Caribe, y la Casa Blanca identifica pistas, campamentos y nudos logísticos del chavismo como posibles blancos.”
Eso está en desarrollo. Abogada, estaremos pendientes de este otro tema.
Le agradezco el tiempo. Repito el número de la abogada Martha Arias: 305-671-0018. Repito: 305-671-0018. Le mando un fuerte abrazo y me alegra que esté de vuelta.
Abogada Martha Arias:
Gracias a usted. Gracias por invitarme. Estaré con ustedes aquí con mucho gusto.
Orian Brito:
Y pendiente de lo que pase porque estamos en la región. Colombia y Venezuela son países hermanos que viven una realidad particular, y bueno, esperamos que todo el mundo esté lo mejor posible pronto.
Un abrazo para todos. Dejen sus comentarios y preguntas y nos conectamos próximamente, amigos. Gracias.
ENGLISH TRANSLATION:
Orian Brito:
Hello friends, happy Thursday. A hug for all of you. Thank you for connecting, for being part of this community. There is various information. One has to do with immigration, another has to do with Venezuela, which although it is not immigration itself, I am going to say it because it is developing. But listen to this.
A new attempt arises from United States congressmembers to reverse the decision that put an end to TPS for Venezuelans. Today we know that more than 125 Democratic legislators presented a document before the Court of Appeals of the Ninth Circuit today so that the measure that ended this immigration benefit is annulled, even after the Supreme Court, as you know, backed the government to end TPS.
What real impact can this action have? Could it mean new hope for Venezuelans who lost their TPS? Today I am speaking with a very dear attorney, a very professional woman who always gives me her time to talk about the topic. It is the immigration attorney Martha Arias, who is going to help us understand the legal scope of this decision.
Attorney, how are you?
Attorney Martha Arias:
Good afternoon, or good morning, or… or night already. It is night now, rather.
Orian Brito:
How are you doing?
Attorney Martha Arias:
Thank you very much for your invitation. It is a pleasure for me to be here with you, with your audience. I am well, well, a lot of work, many things to do, but that is what we are here for, with health.
Orian Brito:
That is what is most important, attorney. I want to ask you: what does this action by the legislators imply? It became known today, November 12, but well, the TPS on November 7 we can practically say ended. What impact could this decision have in the Ninth Circuit?
Attorney Martha Arias:
I honestly believe it will not have any impact from a legal point of view. What these 120 congressmembers presented —including a Democratic congresswoman from Florida, Debbie Wasserman Schultz— is what is called in English an “amicus brief.”
An “amicus brief” is like a memorandum of arguments known as “friend of the court.” That is, this group of congressmembers presents this document to the court asking that this petition to end TPS for Venezuela be reconsidered.
They argue, inside this memorandum of arguments or inside this “amicus brief,” the following:
That the law does not grant the Executive —in this case the Department of Homeland Security— the freedom to make the decision to end TPS for political reasons.
That the law gives the freedom to do so for humanitarian reasons, but not political ones.
So these senators consider that, when the Executive ended the TPS and the arguments it presented, it is as if they rewrote the law —“rewrite the law”— meaning, as if they interpreted it in their own way, but that Congress did not have the intention of interpreting the law in this way for it to be applied to TPS.
In other words, as if to say that the senators are saying: “We, Congress, interpret the TPS law in a different way than the Executive is interpreting it, and therefore this TPS should not be ended.”
But look, this is an “amicus brief” that is being presented just now, when this decision is already final. Of course, there are certain petitions that are presented post-decision. That is what is called post-decision petitions, petitions that are presented after there is a decision. Legally they can be done, obviously, but well…
I do not know what legal impact it will have. I think it has more of a political support or recognition from the Democrats to the Venezuelan people and to TPS, like a gesture, like a “we are going to act for the benefit of these Venezuelans.”
But I think it is late —first— and second, that maybe this measure will not be so strong, at least at this stage, because they did not do it before… because it did not happen before… because they were not there before. That is what…
Orian Brito:
By the way, about the tension in Venezuela, I want to take advantage of this moment —which was what I was going to say, that it does not have to do with immigration— but you know that we have seen a deployment from the United States in the Caribbean. There is tension between the United States and Venezuela. The United States has attacked some narco-boats, and only as information, today the Secretary of War just informed it moments ago.
He says that President Trump —I am going to read it verbatim— ordered action, and the Department of War is complying. “Today I announce,” he says, “Operation Spear of the South, directed by the Joint Task Forces of the Southern Command. This mission defends our nation, eliminates the narco-terrorists of our hemisphere, and protects our country from the drugs that are killing our people. The Western Hemisphere is America’s neighborhood and we are going to protect it.”
That is the announcement. They announce as of today this operation “Spear of the South.” What is the scope, where is it going, or how is it going? We cannot say. I am not an astrologer, nor a military expert, but the operation already has a name, an objective: to eradicate narco-terrorism.
So we will be watching what happens in the coming hours.
Notice that… I want to ask the attorney: while Venezuelans continue in this dilemma, what to do? The advisable thing, in any case, would be not to wait for what the Ninth Circuit of Appeals may decide, but to look for another path, as has been discussed previously.
Because this… first, we are already on November 12, we are approaching a date when the United States —or the entire world— begins to go on vacation, etc. We do not have, let’s say, a tentative date when this could be decided.
Attorney Martha Arias:
That is correct. We do not have a tentative date. And possibly —whether it is fast or for next year— but Venezuelans definitely…
There are some who may still have a legal status through the asylum they have pending, if they indeed have a pending asylum.
Others who have the benefit of a family petition —whether from a spouse, parents, or children— will also have that privilege.
But there is the large number of Venezuelans who were only protected by TPS, who did not file asylum, and who definitely at this moment —on November 13— are totally unprotected and without legal status.
So the decision would have to come very quickly to be positive for that group of Venezuelans who are totally unprotected. I hope that a decision comes from Congress, but directly from Congress, not through the courts, because these litigations —you know— go and come, go and come.
If one part were to win here, surely the government is going to appeal again, and appeal again, and we return to this vicious circle.
Orian Brito:
But it is a circle that ends in the same place, where the Supreme Court tells the government: “You have the right to remove it,” and then people are left in limbo.
I, being Venezuelan, and I try to provide service through this platform, I condemn —and I say it publicly— giving people a hope that I feel is a delicate hope. That is, it does not give solidity to people.
Yes, “we are going to go to the Ninth Circuit,” and people sit and wait for the Ninth Circuit.
No. If you have no other process, you are accumulating unlawful presence in the United States, and that is very serious.
Attorney Martha Arias:
It is exactly that. It is correct.
People who take the chance or the opportunity to stay here in the United States without status know that it will affect them in the future; that in the future it would have to be through an immediate relative petition —which is for spouse, parents, or U.S. citizen children— if they are minors or…
They would have to have U.S. citizen children who will file a petition for them. And this is obviously uncertain, because if at this moment they do not have a petition of that nature, well, that possibility is not seen in the short term.
Orian Brito:
I also want to ask you about the topic of the 100-dollar payment for asylum. How is this being experienced? Because at first the government announced it, then a judge stopped it. For example, in the most recent petitions you have handled in your office, how is the process being experienced?
Attorney Martha Arias:
Well, how the process is being experienced… people are confused. Obviously, it is not for less: they are confused because the immigration service sent payment notices to people who had pending asylum.
So the notice —or the court’s decision— came out on October 30, and many people did not pay and were not sure if they had to pay or not.
And it was not until November 7 when Immigration (USCIS) published on its website that they were going to comply with this order and that people who had not paid did not have to pay, even if they had received the payment notice.
Of course, during those seven days after the judge’s order there was uncertainty: they did not know if they had to pay, if they did not have to pay… until they published it and officially USCIS recognized it.
Now, at this moment, because the written and published notice exists from USCIS, people now know they do not have to pay because they can read that official notice.
But I would say that the period of uncertainty was mainly those seven days after the judge’s decision.People who paid the fee know, with that same official publication, that they are not going to get their money back.
At this moment, I believe people are already calmer and understand more. But I still think there are people asking —in our office too—:
“Do I have to pay the fee? Do I not have to pay it?”
Even in the courts sometimes people say: “Well, that was with Immigration, but what is happening with the court?”
So yes, there is still confusion among some people, but it is already official that they did not have to —or do not have to— make that payment of those hundred dollars.
Orian Brito:
Of course. Now, to close, attorney… Yesterday I was talking —we were talking with immigration attorney Martha Arias— about the topic of labor certification, a mechanism that for some can be a way to remain in the United States.
And there is a particular case that wrote to me —and has emphasized this a lot— because he has his own firm, has built his own company. He says… He tells me that he is self-taught, that in the area of architectural design he has his own firm, and that he feels he wouldn’t need a sponsor to apply for that certification since he provides his design services through his firm.
And he has those doubts because, of course, here is the point… Yesterday a colleague of yours told me that when you accumulate… when you are illegal, applying for a process is very difficult because you would have to leave.
So what can be recommended to people who are looking at this option? Especially those who had TPS, no longer have it, and are without status.
Attorney Martha Arias:
Let’s see, what is the labor certification process is a viable process. But as you correctly say, if the person is already out of status —even those who had TPS for a long time and had the labor certification approved— many of them also had to leave the country, because TPS is not a lawful status that allows you to receive permanent residence in that employment category.
So, to those people, I recommend that they consult well with an attorney, because it is possible to obtain residence through that labor certification, but they must analyze the case carefully:
Those are the analyses that must be done before starting or initiating the labor certification process, because it is costly: it can cost more than $15,000 for a person.
Before starting and paying all that money, you must first look ahead:
If they have no one who qualifies them, they will not be able to submit that waiver. So why invest $15,000 —or who knows how much— to reach a zero point? A dead end.
Those are the analyses people must undertake before beginning.
But there are many Venezuelans doing labor certification processes because they have worked for companies for a long time and have the sponsorship from that company. I encourage them to do it because, if they can do it and they are not going to be inadmissible, then obviously that is a big opportunity for them —even if they have to leave the country.
There are many things, many factors that must be analyzed. Each case is analyzed under three facts. That analysis requires, I would say, not only one, but two or even three consultations or opinions from different attorneys.
Orian Brito:
There is a topic… I know the case of a girl whose labor certification was approved, but she was waiting for a travel permit, and the travel permit never arrived. And of course, she has her asylum because she had a pending asylum, she had TPS, and now everything…
Of course, how does that travel permit stand —that she is still waiting for— where she also has a pending asylum and already had that certification approved?
It is quite complex, especially when the last…
Attorney Martha Arias:
If she did not receive that travel permit, even if it arrives now and is approved, it will have no effect because TPS no longer exists. Because it has ended.
So there will not be a way for her to return and be allowed to enter to continue with TPS status.
Now, if she has a pending asylum, she also has to request a travel permit called the “Refugee Travel Document,” which is a travel permit for people who have asylum pending.
Because if she leaves with the TPS travel permit, she is not really going to return with TPS. And if she does not submit the travel permit through the asylum, she will not be able to return to continue with that asylum either, because it will be considered abandoned.
A person who has filed asylum and leaves without permission… that asylum is considered abandoned. You have to request a travel permit with the asylum, with the asylum.
In conclusion, many people who were in this situation had to request both permits:
the travel permit with TPS, and
the travel permit with the asylum.
Very complicated, because that is almost incomprehensible for people who are not attorneys. And even for us, the attorneys, we are left confused… because one asks: “Why do I have to do this?” But that is what the law requires.
Because they are two different categories that require two different petitions for travel to be able to return and resume their processes.
Orian Brito:
Perfect. Thanks to attorney Martha Arias. I would like you to give your phone number for anyone who wants to sit down… If you want to explore the topic of labor certification, if you want —as in the case of the girl I am mentioning— to request that additional travel permit, to sit with her, process your asylum, adjust status, family petition… well, you already know, all of this.
So, where can they contact you?
Attorney Martha Arias:
The phone number of my office is 305-671-0018. I repeat: 305-671-0018.
My website is ariasvilla.com. There you can find the address, phone number, my social media, Instagram… everything is there on that page: ariasvilla.com.
Orian Brito:
Ariasvilla.com, perfect. We continue to monitor the immigration issue and also the case of Venezuela. I’ll close quickly with these two things.
Senator Lindsey Graham has written in the last few minutes —to those who wonder what is happening in Venezuela— that they must understand that President Trump speaks very seriously when it comes to stopping the Venezuelan narco-state, which continues poisoning Americans with drugs.
“President Trump also considers Maduro an illegitimate leader whose days are numbered. I agree with the president’s assessment of the situation in Venezuela. I do not consider Maduro a legitimate leader, but rather a narcotrafficker indicted in courts.”
Those are statements being made on the sidelines of the announcement made by the Secretary of War about the Spear of the South operation.
What else? I repeat what a colleague from the agency —not the agency, the El País newspaper— David Alandete, who is in Washington, says:
“The United States accelerates toward an unprecedented scenario in two decades. It is studying striking targets in Venezuela while turning its anti-drug offensive into a long-term military operation. Trump is studying selective strikes inside Venezuela. The anti-drug campaign is now called Operation Spear of the South. As I said, they are deploying about 12,000 personnel and a dozen ships in the Caribbean, and the White House identifies airstrips, camps, and logistical hubs of chavismo as possible targets.”
That is developing. Attorney, we will be attentive to this other issue.
I thank you for your time. I repeat the number of attorney Martha Arias: 305-671-0018. I repeat: 305-671-0018. I send you a big hug and I’m glad you’re back.
Attorney Martha Arias:
Thank you. Thank you for inviting me. I will be here with you with great pleasure.
Orian Brito:
And attentive to what happens because we are in the region. Colombia and Venezuela are brother countries that live a particular reality, and well, we hope everyone will be as well as possible soon.
A hug for everyone. Leave your comments and questions, and we will connect again soon, friends. Thank you.