Any Questions?
We are ready to answer all your questions. Just fill the form and we will call you soon.
A Surprising Turn of Events in Immigration Law
I just had another interview this afternoon on “Cada Tarde” with Carlos and Agustín Acosta at Actualidad Radio, where we delved into several pressing immigration matters. The Supreme Court’s stance on using an old 1798 Foreign Enemies Law to deport certain individuals, while still acknowledging their right to due process, is yet another reminder of how dynamic U.S. immigration law can be.
We also discussed the Department of Homeland Security’s revocation of legal stay for those who entered under the CBP One program, as well as potential sharing of taxpayer information by the IRS for immigration enforcement. These developments highlight the complexity of the system and why staying informed is essential.
I’m committed to ensuring that everyone who needs clarity on these issues can access reliable information. If you have any questions, feel free to call my office at 305-671-0018
Original Transcript
CARLOS ACOSTA: 3 de la tarde, 37 minutos, Agustín, y el tema migratorio sigue siendo, junto con el tema de los aranceles, el protagonista de toda la pauta informativa de cualquier noticiero, para bien o para mal, para nosotros y para quienes no les gusta lo que decimos.
AGUSTÍN ACOSTA: Absolutamente. Ayer, cerca de las 7 de la noche, el Tribunal Supremo había determinado, en el caso de un salvadoreño que fue enviado aparentemente por un error de tipo técnico junto con un grupo de integrantes de la pandilla Salvatrucha a El Salvador, para ser internado en esta prisión de máxima seguridad, que debía regresar antes de la medianoche. Un juez de primera instancia y luego un tribunal de apelaciones habían fallado que, efectivamente, el gobierno estaba obligado a traerlo de regreso antes de la medianoche, pero el Supremo dio una prórroga y dijo: “No, no, no, es demasiado poco tiempo. Vamos a darle al Poder Ejecutivo la oportunidad de presentar sus argumentos, y tal vez esta semana actuaremos en ese sentido”.
Y de ahí para acá han venido otras dos decisiones muy impactantes. Primero, el Tribunal Supremo ratifica que, efectivamente, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de deportar a personas extranjeras que tengan algún tipo de criminalidad en los Estados Unidos bajo la ley de 1798.
CARLOS ACOSTA: La Ley de Enemigos Extranjeros.
AGUSTIN ACOSTA: Exacto, la Ley de Enemigos Extranjeros. Y bajo esa ley, según el Tribunal Supremo (5 a 4), el presidente puede deportar a personas siempre y cuando se les otorgue el debido proceso. Le ponen esa condición. Y hace un rato, también el Tribunal Supremo, en otra decisión que no tiene que ver con inmigración, determinó que Trump puede despedir a las personas que están en capacidad de periodo de prueba en los diferentes ministerios federales. Eso no tiene que ver con inmigración, pero lo anterior sí.
CARLOS ACOSTA: Pero lo que sí tiene que ver con inmigración es que, al parecer, a través de la Oficina de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), hay, por supuesto, personas indocumentadas que, preparándose para el día en que hagan su trámite para legalizarse, pagan sus impuestos. Entonces, a través de la oficina del IRS, se podría solicitar información sobre estas personas, su paradero, dónde están. Es decir, esta persona tiene orden de deportación, no aparece por ninguna parte, pero está pagando impuestos. Vamos a ver dónde vive.
AGUSTIN ACOSTA: Y, por último, el Departamento de Seguridad Nacional, esta mañana, revocó el estatus que habían recibido las personas que entraron bajo la aplicación CBP One. Estas personas recibieron un período de dos años de permanencia legal en los Estados Unidos. Eso comenzó a ocurrir en el año 2023 y ahora se les ha revocado o cancelado esa posibilidad. Así que, para explicar todas estas cosas siempre con lujo de detalles, saludamos a la doctora Martha Arias, abogada de inmigración. Doctora, muy buenas tardes nuevamente.
CARLOS ACOSTA: Buenas tardes.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Buenas tardes, Agustín y Carlos. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia.
AGUSTIN ACOSTA: Como van las cosas, doctora, vamos a tener que traerla para acá todas las tardes, por lo menos una hora, para que se siente aquí con nosotros y esté haciendo guardia, porque todos los días hay cosas nuevas que discutir.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, en esta administración vamos a tener mucha actividad migratoria y, obviamente, hay necesidad de información.
AGUSTIN ACOSTA: Bueno, abordemos primero la ley de 1798. ¿Cómo interpreta usted la determinación del Supremo y, sobre todo, la condición que le pone al gobierno de que, para deportar a alguien bajo esa ley, tienen que darle el debido proceso ante un magistrado y no simplemente meterlo en un avión y para afuera?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: En cuanto a esa ley, como les dije anteriormente, me parece bien que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconozca que el derecho al debido proceso es un derecho constitucional y que incluso aquellas personas que se aduzca están sin estatus en los Estados Unidos también tienen derecho a ese debido proceso. Por ese lado, está bien.
Por el lado de si se puede usar esa Ley de Enemigos Extranjeros para efectos de deportar a una persona inmigrante que pertenezca a cualquier país, aunque no sea un país que esté en guerra con Estados Unidos, desde el punto de vista legal no estoy de acuerdo. Me parece que esa ley de enemigos extranjeros habla precisamente de eso: de personas nacionales de países enemigos con los cuales Estados Unidos tiene un conflicto. Entonces, no necesariamente todos los inmigrantes en Estados Unidos vienen de países en conflicto. Bueno, al menos se logró algo desde el punto de vista constitucional.
CARLOS ACOSTA: Ahora, quisiera preguntarle sobre el tema del debido proceso, doctora. Es decir, apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la Oficina de Seguridad Nacional o ICE atrapa a una persona y la va a deportar. Cuando hablamos de derecho al debido proceso, ¿es que esa persona, antes de ser deportada, tiene derecho a ser presentada ante un juez para que defienda su caso?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, son varias cosas. Fíjese, por ejemplo, en el caso de estas personas que se aduce son miembros de pandillas. Primero, el gobierno tiene que aportar suficiente prueba para demostrar que estas personas pertenecen a una pandilla. Eso es importante.
Segundo, después de que se demuestre que pertenece a una pandilla, puede usarse el Estatuto de Inmigración para una deportación. El Estatuto de Inmigración prescribe o tipifica todas las razones por las cuales una persona puede ser deportada de los Estados Unidos; dentro de ellas, obviamente, también hay actos de terrorismo y pertenencia a pandillas. Entonces, como existe esa sección de la ley que dice “si usted comete actos de terrorismo o es miembro de una pandilla, puede ser deportado”, el gobierno, al invocar esa sección de la ley, obviamente tiene que probarle a la persona que es miembro de esa pandilla o que cometió esos actos terroristas, etcétera.
Eso es lo que nos referimos con el debido proceso: tiene que haber pruebas de la vinculación a una pandilla y, después, la persona debe tener su defensa ante un proceso de inmigración. Ahora bien, es cierto, y quiero decirlo para que las personas sean conscientes de esto también: hay algunos delitos que se consideran felonías agravadas para efectos de inmigración. En el caso de un delito que se considera una felonía agravada para efectos de inmigración, una persona puede ser deportada sin tener un proceso de deportación o de remoción, porque hay una sección de la ley que así lo permite. Pero entonces el gobierno va a tener que probar que ese delito es una felonía agravada para efectos de inmigración. Y a eso nos referimos con el debido proceso.
AGUSTIN ACOSTA: Doctora, pasemos entonces a la determinación del Departamento de Seguridad Nacional de revocar el estatus de permanencia legal en los Estados Unidos a las personas que entraron por la aplicación CBP One.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Mi opinión es que es una medida que, de pronto, vaya a surtir efectos para el gobierno, pero no sé en qué porcentaje. Si yo calculo, siendo muy ambiciosa, podría ser un 30 o hasta un 40% de personas que sí se vayan. El gobierno ha dicho que se cancela CBP One y se abrió una nueva aplicación llamada CBP Home, y quienes entraron con CBP One deben autodeportarse usando la misma aplicación CBP Home para salir del país.
Ahora bien, no todas las personas que entraron con CBP One están en este momento sin estatus. Algunas de ellas podrían haber ajustado, por ejemplo, bajo la Ley de Ajuste Cubano; otras podrían haberse casado con un ciudadano estadounidense. Dentro de ese grupo hay personas que ya tienen otro tipo de salida legal. Sin embargo, habrá un porcentaje que no tiene estatus y esas son las que deberían irse de acuerdo con esa orden del Poder Ejecutivo.
AGUSTIN ACOSTA: ¿Les han dado un plazo para salir del país?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Según tengo entendido, no. Yo no he visto personalmente ninguna de esas notificaciones. Gracias a Dios, no tengo ningún cliente que haya recibido una notificación de ese tipo. Aparentemente, no les están dando ningún plazo.
Es diferente a lo que pasó con el parole humanitario que fue cancelado, pues ahí sí les dijeron que debían irse 30 días después de la publicación en el Registro Federal, y esa fecha sería el 24 de abril de este año. No sabemos si vaya a haber alguna demanda donde se pause esa decisión.
CARLOS ACOSTA: ¿Qué pasó en Massachusetts con eso, doctora?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: La pausa de la decisión sigue pendiente. No he escuchado si hay alguna apelación por parte del gobierno. Todavía está igual. Estamos dentro del tiempo en que el gobierno podría apelar esa decisión, pero aún no ha ocurrido.
AGUSTIN ACOSTA: Muy bien. ¿Se nos queda algo por fuera?
CARLOS ACOSTA: El tema de compartir información con la Oficina de Rentas Internas.
AGUSTIN ACOSTA: ¡Ah, sí! Está esa idea de que algunas personas indocumentadas, pero que pagan sus impuestos de forma regular, lo hacen porque son conscientes de que si en algún momento van a tramitar su residencia, el hecho de ser puntuales con el pago de impuestos les ayudaría. Pues ahora se le está pidiendo al IRS que ayude a ubicar a quienes tienen orden de deportación pero han estado pagando impuestos.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, las personas que tienen una orden de deportación… va a tener que hacerse un acuerdo entre agencias, porque la oficina del Executive Office for Immigration Review y ICE son las dos agencias que saben si una persona tiene deportación y, obviamente, tendrán el nombre y posiblemente un número de Seguro Social. Entonces, quien sea en el gobierno pasará una lista al IRS con esos números de Seguro Social para ver cuál es la información que están dando.
Sinceramente, a mí lo que me parece es que quien tenga permiso de trabajo no va a tener tanto problema, a menos de que el gobierno quiera ver cuánto pagan de impuestos. Realmente, quien estaría más asustado es la persona que no tiene ningún estatus y que posiblemente tenga un ITIN (ese número de identificación tributaria). Ahí sí es claro que esa persona no tiene un estatus legal.
AGUSTIN ACOSTA: Doctora, y por último, hace algunos días el gobierno estableció una exigencia de que las personas en esta situación de estatus migratorio irregular se inscribieran con el gobierno; no sé si a través de Inmigración, pero debían registrar sus datos, dirección, etcétera. ¿Usted sabe cómo está funcionando ese programa o si la mayoría ha hecho caso omiso?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Sí, ese programa ya el gobierno lo implementó y la forma está disponible. Esa registración no ha dado datos en este momento de cuántas personas se hayan registrado. Es un requerimiento nuevo. Ya vi que Inmigración emitió la forma G-325R, que es la nueva forma que la persona tiene que llenar. La página de USCIS ya tiene la forma publicada. Desde el 20 de enero de este año (2023) se emitieron los requisitos que la persona debe cumplir para registrarse.
Esa forma G-325R ya está disponible. Lo que pasa es que no sé si el gobierno hará público cuántas personas se hayan registrado. Ahí, en la solicitud, está clarísimo quién debe registrarse y cómo. Recuerden que la página web de Inmigración también está en español. Entonces, les diría a las personas que lean esa página para saber si deben registrarse. Ellos mismos pueden hacerlo. No parece ser algo complicado.
AGUSTIN ACOSTA: Bueno, como siempre hacemos, al final me gusta dar su teléfono, porque la molestamos a usted varias veces con este tema, y usted deja de trabajar y atender sus cosas. Si algún oyente necesita conversar con una excelente abogada de inmigración (que solo practica la ley de inmigración), le recomiendo a Martha Arias y su bufete. El número es el 305-671-0018. Cualquier persona que necesite un buen consejo, un trámite o mover algún expediente que esté trabado, yo le recomiendo a Martha Arias. 305-671-0018. Doctora, muchas gracias y muy buenas tardes.
CARLOS ACOSTA: Buenas tardes, doctora.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.
English Transcript
CARLOS ACOSTA: 3:37 in the afternoon, Agustín, and the immigration issue continues to be, together with the tariffs issue, the leading topic in all the news programs, for better or for worse, for us and for those who don’t like what we say.
AGUSTÍN ACOSTA: Absolutely. Yesterday, late in the day, around 7 p.m., the Supreme Court had determined, in the case of the Salvadoran who was sent apparently due to a technical-type error along with a group of members of the Salvatrucha gang to El Salvador to be placed in that maximum-security prison, that he had to return before midnight. A first-instance judge and then an appeals court had ruled that, effectively, the government was obligated to bring him back before midnight, but the Supreme Court granted an extension and said, “No, no, no, it’s too little time. We’re going to give the Executive Branch the opportunity to present its arguments, and maybe this week we’ll act in that regard.”
And since then, there have been two other very impactful decisions. First, the Supreme Court confirms that, effectively, the Executive Branch has the capacity to deport foreign persons who have some type of criminality in the United States under the 1798 law.
CARLOS ACOSTA: The Foreign Enemies Law.
AGUSTÍN ACOSTA: Exactly, the Foreign Enemies Law. And under that law, according to the Supreme Court (5 to 4), the president can deport people as long as they are given due process. They set that condition. And just a little while ago, also the Supreme Court, in another matter that has nothing to do with immigration, determined that Trump can fire people who are in a probationary capacity in different federal departments. That does not have to do with immigration, but the previous point does.
CARLOS ACOSTA: But what does have to do with immigration is that, apparently, through the Internal Revenue Service (IRS), known by its initials in English, there are, of course, undocumented people who, preparing for the day they do their procedure to legalize themselves, pay their taxes; so through the IRS, information could be requested about these people, their whereabouts, where they are—meaning this person has a deportation order, doesn’t show up anywhere, but this person who has a deportation order is paying taxes; let’s see where he lives.
AGUSTÍN ACOSTA: And lastly, the Department of Homeland Security, this morning, revoked the status that had been granted to the people who entered under the CBP One application. These people received a period of two years of legal stay in the United States. That began to happen in 2023, and now that possibility has been revoked or canceled. So, to explain all these things, always in great detail, we welcome attorney Martha Arias, immigration attorney. Attorney, good afternoon again.
CARLOS ACOSTA: Good afternoon.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Good afternoon, Agustín and Carlos. Greetings to you and to your entire audience.
AGUSTÍN ACOSTA: Given how things are going, attorney, we’re going to have to bring you here every afternoon, at least for an hour, so you can sit here with us and keep watch, because there are new things to discuss every day.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Yes, with this administration we’re going to have a lot of immigration activity, so obviously there is a need for information.
AGUSTÍN ACOSTA: Well, let’s address first the 1798 law. How do you interpret the Supreme Court’s determination, and especially the condition they place on the government that, to deport someone under that law, they have to give them due process before a magistrate, not just put them on a plane and out they go?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Regarding that law, as I mentioned before, it seems good to me that the Supreme Court of the United States recognized that the right to due process is a constitutional right, and that even those people who are alleged to be without status in the United States also have the right to due process. On that side, it’s good.
On the side of whether that Foreign Enemies Law can be used for the purpose of deporting an immigrant person who belongs to any country, even if it’s not a country at war with the United States, from a legal standpoint, I disagree. It seems to me that this foreign enemies law talks precisely about that: about nationals of enemy countries with which the United States has a conflict. So not necessarily all immigrants in the United States come from countries in conflict. Well, at least from the constitutional standpoint something was achieved.
CARLOS ACOSTA: Now, I would like to ask you about the due process issue, attorney. That is, by invoking the 1798 Foreign Enemies Law, Homeland Security or ICE arrests someone and is going to deport them. When we talk about the right to due process, does that mean that, before being deported, that person has the right to appear before a judge to defend their case?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Yes, there are several aspects. Look, for example, at the case of these people who are alleged to be members of gangs. First, the government has to provide sufficient proof to show that these people belong to a gang. That’s important.
Second, after it’s shown that they belong to a gang, the Immigration Statute can be used for a deportation. The Immigration Statute prescribes or typifies all the reasons why a person can be deported from the United States; among them, obviously, are also terrorist acts and membership in gangs. So, since there’s a section of the law that says, “If you commit terrorist acts or you’re a member of a gang, you can be deported,” the government, in invoking that section of the law, obviously has to prove to the person that they are a member of that gang or that they committed those terrorist acts, or whatever it may be.
That’s what we refer to with due process. There must be proof of a connection to a gang, and then the person has to have a defense in an immigration proceeding. Now, it’s true— and I want to say this so people are aware—there are some crimes that are considered aggravated felonies for immigration purposes. In the case of a crime that’s considered an aggravated felony for immigration purposes, a person can be deported without having a deportation or removal proceeding, because there’s a section of the law that allows it. But then the government will have to prove that the person’s crime is an aggravated felony for immigration purposes. And that’s what we mean by due process.
AGUSTÍN ACOSTA: Attorney, let’s move on to the Department of Homeland Security’s determination to revoke the legal residency status in the United States of the people who entered via the CBP One application.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: In my opinion, it’s a measure that may yield results for the government, but I don’t know in what percentage. If I calculate, and I might be ambitious, it could be 30% or up to 40% of people who might indeed leave. The government has said that CBP One is being canceled and a new application called CBP Home was opened, and those who entered with CBP One must self-deport using the same CBP Home application to leave the country.
Now, not all the people who entered with CBP One are currently without status. Some of them may have adjusted status under, for example, the Cuban Adjustment Act; others may have married a U.S. citizen. Among those people, some have another type of legal relief. However, there will be a percentage that does not have status, and those are the ones who should leave, according to this order from the Executive Branch.
AGUSTÍN ACOSTA: Have they been given a deadline to leave the country?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: As far as I understand, no. I have not personally seen any of those notifications. Thank God, I don’t have any client who has received a notification of that kind. Apparently, they’re not giving them any deadline.
That’s different from what happened with the humanitarian parole that was canceled, because there they did say they had to leave 30 days after publication in the Federal Register, and that date would be April 24 of this year. We don’t know whether there will be some lawsuit that pauses that decision.
CARLOS ACOSTA: What happened in Massachusetts with that, attorney?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: That pause on the decision is still pending. I haven’t heard if there is any appeal by the government. It’s still the same. We are within the time period in which the government can also appeal that decision, but that has not happened yet.
AGUSTÍN ACOSTA: All right. Is there anything we left out?
CARLOS ACOSTA: Sharing information with the Internal Revenue Service.
AGUSTÍN ACOSTA: Ah, yes. There’s this idea that some undocumented people, but who pay their taxes regularly, do it because they are aware that if at any point they will process their residency, being punctual with tax payments would help them. Now the IRS is being asked to help locate those who have deportation orders but have been paying taxes.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Yes, people who have a deportation order… there will have to be an agreement among agencies, because the Executive Office for Immigration Review and ICE are the two agencies that know whether a person is deported, and obviously they will have the name and possibly a Social Security number. Then whoever it is in the government will send a list to the IRS: “These people have these Social Security numbers. What information are they providing?”
Honestly, it seems to me that those who have work permits won’t have as much trouble, unless the government wants to see how much they’re paying in taxes. Really, the one who might be most afraid is the person who doesn’t have any status and who perhaps has an ITIN number (that tax ID number), because there it’s clear that that person doesn’t have legal status.
AGUSTÍN ACOSTA: Attorney, and finally, a few days ago the government established a requirement that people in this irregular migratory status had to register with the government; I don’t know if it’s through Immigration, but they had to record their details, address, etc. Do you have any idea how that program is working or if most people have ignored it?
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Yes, that program has already been implemented by the government, and the form is available. That registration hasn’t given us data at this time on how many people have registered. It’s a new requirement. I’ve seen that Immigration issued form G-325R, which is the new form that a person has to fill out. The USCIS website already has that form posted. Since January 20 of this year (2023), the requirements that a person must meet to register were laid out.
That G-325R form is already available. What happens is, right now, I don’t know if the government will make public how many people have registered. In the application it’s very clear who has to register and how. Remember that the Immigration website is also in Spanish. So I would tell people to read that page to figure out if they need to register. They can register themselves. It doesn’t look complicated.
AGUSTÍN ACOSTA: Well, as we always do, at the end I like to give out your phone number, because we bother you several times about this topic, and you stop working and taking care of your business. If any listener needs to speak with an excellent immigration attorney, who only practices immigration law, I recommend Martha Arias and her firm. The number is 305-671-0018. Anyone who needs good advice or to do paperwork or simply move some case that’s stuck, I recommend you call her: 305-671-0018. Attorney, thank you very much and have a good afternoon.
CARLOS ACOSTA: Good afternoon, attorney.
ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.: Thank you. Good afternoon. Good afternoon.
