Any Questions?
We are ready to answer all your questions. Just fill the form and we will call you soon.
Earlier today, I had an engaging interview on Noticias 670 with Aaron Glantz and Eduardo Aleman. We discussed how the IRS is now publicly committing to share taxpayer information with Department of Homeland Security to identify immigrants subject to deportation, and what that might mean for those who file taxes with an ITIN number. From my experience, this collaboration isn’t entirely new, but the official announcement has certainly caught the public’s attention.
We also touched on President Trump’s move to revoke legal status for those who entered with CBP-1 and the possibility of ending work permits for many who came in under various humanitarian paroles. Another critical topic was the revival of an old 1996 measure dating back to the Clinton era: fines of $998 per day against those who defy deportation orders. Whether or not this rule has truly been enforced before, the potential financial burden is staggering.
My main message is to remain calm, stay informed, and consult a trusted immigration attorney who can explain your particular options. Uncertainty can lead to anxiety, but keeping a clear head and abiding by existing laws and procedures offers the best protection. My office number is 305-671-0018 if you need guidance, or you can follow me on social media for daily updates and recent immigration news. As always, we remain hopeful that positive solutions may arise and encourage everyone to maintain faith and composure in these shifting times.
HOST: Amigas, amigos, vamos a hablar de inmigración, y para hablar de inmigración hay que hacerlo con una persona que conozca las leyes migratorias. Tenemos precisamente en línea a la abogada Martha Arias. Abogada Arias, buenos días, gracias por atender la llamada.
DRA. MARTHA L. ARIAS.: Buenos días, Eduardo y Aaron, un saludo para ustedes y toda la audiencia que tienen en esta mañana de hoy.
HOST: Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, quisiera comenzar con la información del Servicio de Rentas Internas (IRS). El IRS ha acordado ayudar a los funcionarios de Seguridad Nacional a encontrar a los inmigrantes que están tratando de deportar, comprometiéndose a compartir información en lo que representa un cambio fundamental en la forma en que el IRS utiliza sus registros, que son estrictamente regulados. ¿Cuál es el impacto de esta “asociación”, si cabe el término, entre el IRS y el ICE?
DRA. MARTHA L. ARIAS.: El impacto obviamente es grande, sobre todo para aquellas personas que están presentando taxes con un ITIN number, no con un Social Security. La mayoría —diría yo, no todos— de quienes tienen un número de Seguro Social es porque han presentado alguna petición con Inmigración que les ha dado ese derecho.
Si no estoy mal, fue en 1999 o por esa fecha cuando el Seguro Social dejó de otorgar números a las personas, a menos que tuvieran un trámite migratorio. Antes de 1999 o 2000, por ejemplo, alguien con visa de turista pedía un Seguro Social y se lo daban. Pero ya después de esa fecha, no.
Entonces, la mayoría de las personas que están con un Social es porque tienen algún tipo de estatus. Si no lo tienen, es difícil para las autoridades determinar si esa persona está legal o no. No sé cómo van a hacer esa selección. Obviamente, quienes tienen un ITIN number y están dentro de Estados Unidos pagando impuestos podrían ser observados. Pero hay gente con ITIN que sí está legal; no necesariamente todos los que tienen un ITIN están en estatus ilegal.
Mira, ese es mi primer comentario. El segundo es que tampoco nos volvamos locos, porque esto no es nada nuevo. Tal vez el gobierno lo está anunciando así para que quede claro, lo están notificando públicamente y concretándolo en un acuerdo formal. Pero yo, como abogada de inmigración, sé —en mis 21 años de experiencia— que Inmigración, por ejemplo, sí tiene acceso a las bases de datos del IRS. No sé a qué nivel, pero sé que lo tienen.
Les voy a poner un ejemplo: tuve un cliente que había presentado por su cuenta la solicitud de ciudadanía por estar casado con una ciudadana estadounidense durante tres años. Cuando fue a la entrevista, la oficial le preguntó si él presentaba los taxes junto con su esposa, y él dijo que no, que los presentaba separados. La oficial lo indagó; ya tenía toda la información de sus impuestos. A la persona le negaron la ciudadanía, porque la esposa, que había declarado los impuestos por separado, había reclamado que vivía sola, que no recibía nada de él, e incluso había pedido ayuda del gobierno. Inmigración los confrontó, porque para pedir la ciudadanía por los tres años de matrimonio, deben vivir juntos. Así que era obvio que la oficial había revisado la información del IRS tanto de mi cliente como de su esposa.
Así como este, hay más ejemplos donde Inmigración ha confrontado a una persona con su información del IRS. Para mí no es algo nuevo; creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que, al hacerlo público, al notificarlo, al pueblo le asusta, y creo que en este momento también es una táctica para asustar, crear pánico.
HOST: Abogada Arias, el gobierno del presidente Trump revoca el estatus legal a migrantes que entraron a Estados Unidos con el CBP-1. El mensaje fue contundente: “Es hora de que abandonen Estados Unidos.” Lo enviaron a través de un correo electrónico que las familias migrantes recibieron en estos últimos días. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Se habla de más de 900,000 personas.
DRA. MARTHA L. ARIAS.: Cada persona tendrá un caso distinto. Unas podrán —y lo harán— registrarse en el CBP-Home, que fue la nueva aplicación que creó esta administración para que las personas salgan del país. Algunos lo harán, muchos no. Otros ya tendrán un estatus o un caso presentado. Por ejemplo, hay cubanos con una solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Otras personas habrán pedido asilo, otras se habrán casado con ciudadanos americanos, o tendrán una petición familiar lista para residencia, etcétera. Cada caso es diferente.
De esos 900,000, me atrevería a decir que más del 50% va a quedar en situación de ilegalidad, y de esos, algunos saldrán, otros no. Pero no podemos decir que todos están en la misma situación.
HOST: ¿Qué pasa con los permisos de trabajo de esa gente, abogada?
DRA. MARTHA L. ARIAS.: Se cancelan. Lo mismo que para quienes entraron con el parole humanitario de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que supuestamente terminaría ahora en abril de 2024. Digo “supuestamente” porque ya está anunciado en el Registro Federal desde marzo de 2025 y debe estar allí 30 días para entrar en vigor, a no ser que haya —como todos sabemos— una demanda y se dicte una medida temporal ordenada por un juez. Pero tal como están las cosas en este momento, concluiría en abril de 2024 y se cancela el permiso de trabajo. Lo mismo para quienes entraron con CBP-1 y también obtuvieron un parole humanitario.
HOST: Usted mencionaba en uno de sus comentarios que nada de esto es nuevo, que estas son resoluciones viejas, leyes anteriores. De hecho, la administración ha revivido otra ley. Esta es de la era de Bill Clinton, de 1996, para cobrar a los inmigrantes indocumentados por cada día que permanezcan en el país. La cifra, creo, son 998 dólares al día por no auto-deportarse. Repito, es una ley de la era Clinton. Mucha gente se ha sorprendido porque no sabía que el propio Bill Clinton había promulgado una ley que imponía una multa tan cuantiosa a los extranjeros que desafiaran una orden de deportación. ¿Qué comentario tiene al respecto?
DRA. MARTHA L. ARIAS.: Dos cosas. Primero, para aclarar: el acuerdo de Inmigración con el IRS no es una ley y tampoco sé si estaba firmado antes. Yo sí soy testigo de que siempre se ha compartido esa información. No sé si era un acuerdo que ya existía y expiró, o si se había ratificado antes. Pero lo que quiero decir es que sí ha existido esa comunicación entre agencias antes de anunciarlo ahora.
En cuanto a la multa, pues yo, como abogada de inmigración, no tengo conocimiento de que el presidente Clinton haya establecido una multa de este rango, como lo dice el presidente Trump ahora. La única sanción monetaria de la que me acuerdo —y hay varias— son los mil dólares de la 245(i), cuando la persona podía ajustar estatus pagando esa penalidad, y eso todavía existe. Otra sanción se da cuando las personas pagan una fianza para salir, etcétera.
Pero una sanción como la que anunció el presidente, de pagar casi mil dólares diarios las personas que han sido deportadas, discúlpenme, pero nunca había escuchado de algo así. Esto sí es nuevo. No sé si tendríamos que ir a revisar en los libros de historia, pero desde 2003 que ejerzo como abogada de inmigración, no existía.
Me parece injusto, primero, que sea tan alta, y segundo, que sea diaria. Podría ser un monto fijo, por ejemplo, 2,000, 3,000 o 5,000 dólares, pero fijar 1,000 dólares diarios es excesivo. Además, si las personas no lo pagan, podrían tener que responder con sus propiedades. Hay gente que lleva muchos años aquí y ha adquirido una casita o apartamento —lo único que tienen de ahorros— y podrían perderlo.
Sí, violaron la ley, pero me parece una penalidad excesiva.
HOST: Abogada Arias, para finalizar este encuentro, ¿qué mensaje le puede enviar a la gente que hoy está pendiente de estos casos, de los procedimientos que han cambiado, que podrían seguir cambiando? Hay mucha incertidumbre y angustia. ¿Qué mensaje les puede enviar?
DRA. MARTHA L. ARIAS.: El mensaje es que tengan calma, tengan fe y se asesoren con un buen abogado de inmigración que les hable claro y les explique bien su caso ante las nuevas medidas. Esos son mis tres consejos. Hemos pasado por administraciones anteriores donde también hubo situaciones difíciles. Mientras estén bien asesorados, no cometan delitos y cuiden su conducta —por ejemplo, cómo manejan—, eso les ayuda a estar un poco más protegidos mientras se atraviesa esto.
Puede que venga una reforma, puede que pase algo que beneficie a muchos, no sabemos. Por ahora, mi consejo es que guarden la calma y mantengan la esperanza.
En mi oficina, mi teléfono es 305-671-0018. Lo repito: 305-671-0018. También tengo una página web: www.ariasvilla.com. O simplemente recuerden mi nombre si están manejando: me llamo Martha Arias y así me van a encontrar en todas las redes sociales.
HOST: Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
DRA. MARTHA L. ARIAS.: Gracias a ustedes y feliz resto de semana.
HOST: Igualmente. Era la abogada Martha Arias, abogada de inmigración, en Noticias 670.
HOST:
Friends, let’s talk about immigration, and to talk about immigration we have to do it with a person who knows immigration laws. We have precisely on the line attorney Martha Arias. Attorney Arias, good morning, thank you for taking our call.
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
Good morning, Eduardo and Aaron, greetings to you and all the audience you have this morning.
HOST:
Thank you very much, welcome. Well, I would like to begin with the information from the Internal Revenue Service (IRS). The IRS has agreed to help Homeland Security officials find immigrants who they are trying to deport, committing to share information in what represents a fundamental change in how the IRS uses its strictly regulated records. What is the impact of this “association,” if the term fits, between the IRS and ICE?
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
The impact is obviously significant, especially for those people who are filing taxes with an ITIN number, not a Social Security. The majority —I would say not all, but most— of those who have a Social Security number is because they have submitted some petition with Immigration that granted them that right.
If I’m not mistaken, it was in 1999 or around that date when Social Security stopped giving out numbers to people unless they had a pending immigration procedure. Before 1999 or 2000, for example, someone with a tourist visa would ask for a Social Security and they would give it to them. But after that date, no.
So, most people with a Social Security have some type of status. If they don’t, it’s difficult for the authorities to determine if that person is legal or not. I don’t know how they will select people. Obviously, those with an ITIN number who are inside the United States paying taxes, well, those might be looked at. But there are people with an ITIN who are legal; not everyone with an ITIN is illegal.
Look, that’s my first comment. My second comment is, let’s not go crazy because this is nothing new. Maybe the government is announcing it this way so it’s clear, they’re notifying it publicly and formalizing it in an agreement. But I, as an immigration attorney, know —in my 21 years of experience— that Immigration, for example, does have access to IRS databases. I don’t know what type of access or at what level, but I know it does.
I’ll give you an example: I had a client who had filed his citizenship request on his own for having been married to an American citizen for three years. When he went to the interview, the officer only asked him if he filed taxes together with his wife, and he said no, separately. The officer questioned him; the officer already had all his tax information. They denied the person citizenship because the wife, who had filed taxes separately, had claimed that she lived alone, that she received nothing from her husband, and had even requested assistance. Immigration confronted them, because to request citizenship through three years of marriage, they have to be living together. So it was obvious the officer had reviewed the IRS information for both my client and his wife.
So, just like this, I can give you examples where Immigration has confronted a person with their IRS information. For me, it’s nothing new; I believe it has always existed. The thing is that by making it public, by notifying it, it scares people, and I believe that at this moment one of the tactics is to scare, to create panic.
HOST:
Attorney Arias, President Trump’s government is revoking the legal status of migrants who entered the United States with CBP-1. The message was forceful: “It is time for you to leave the United States.” They sent it via an email that migrant families received in these last days. What will happen to all these people? It’s said there are more than 900,000 people.
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
Those people, each person will have a different case. Some, obviously, will be able to —and will— register in CBP-Home, which was the new app this administration created so people can leave the country. Some will do it, many won’t. Others will already have some status or a filed case. For example, some Cubans might have a residency application through the Cuban Adjustment Act. Other people might have requested asylum, others may have married an American citizen, or have a family petition that is already ready for residency, etc. Each person could have a different case.
Of those 900,000, I would say a large number —and I could dare to say more than 50%— will end up in that situation of illegality, and of those, some will leave, others won’t. That’s the situation, but we can’t say that everyone is in the same position.
HOST:
What happens to the work permits of those people, attorney?
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
They get canceled. The same as those who entered with the humanitarian parole for Haiti, Cuba, Nicaragua, and Venezuela, which supposedly would end now in April 2024. I say “supposedly” because it’s already announced in the Federal Register from March 2025, and it has to be there for 30 days to go into effect, unless there is —as we all know— a lawsuit and perhaps a pause or temporary measure ordered by a judge. But as things stand right now, it ends April 2024 and your work permit is canceled. The same for those who entered with CBP-1 and also obtained humanitarian parole.
HOST:
You mentioned in one of your comments that none of this is new, that these are old resolutions, old laws, previous laws. In fact, the administration has revived another law. This is from the Clinton era, William Jefferson Clinton, from 1996, to charge undocumented immigrants for each day they remain in the country. The figure, I believe, is $998 a day for not self-deporting. I repeat, it is a law from the Clinton era; many people were even surprised because they did not know that Bill Clinton himself had enacted a law imposing such a large fine on foreigners who defied a deportation order. I’d like to hear your comment on that.
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
Two things. One, to clarify: the Immigration agreement with the IRS is not a law, and I also don’t necessarily know if it was signed before. What I do know is that this information has always been shared. I don’t know if it was an agreement that might have been signed and never ratified or expired, but what I mean is that the communication between those agencies existed before announcing it now.
Now, regarding the fine, as an immigration attorney I don’t have knowledge that President Clinton established a fine of this range, as President Trump says now. The only monetary sanction I recall —and there are several— was the $1,000 of 245(i) when the person could adjust status by paying that penalty, and that still exists. Then there were penalties when people posted a bond or had to leave.
But a fine like the one the president announced, paying almost $1,000 a day by people who have been deported, excuse me, but I had never heard of a sanction or penalty of that kind. This is new. I don’t know; we might have to go look in the books, but since 2003 when I started practicing as an immigration attorney, it didn’t exist.
But if it did exist, well, it seems unfair. Two things: unfair that it is so high and unfair that it is daily. It could be a lump sum penalty, for example, $3,000, $2,000, up to $5,000, I don’t know, some determined amount. But imposing $1,000 daily, and the second unfair part is that if people don’t pay it, they might have to answer with their properties. Some people have been here for so many years, they have a house or a small apartment —the only thing they have from their savings— and now face losing that. Yes, they broke the law, obviously, we won’t deny that, but this kind of penalty seems excessive under the law.
HOST:
Attorney Arias, to close this conversation, what message can you send to people who today are waiting for news on these cases, procedures that have changed, that could keep changing? There’s a lot of uncertainty and many people are anxious. What message can you give them?
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
The message is have calm, have faith, consult a good immigration attorney who will tell you things clearly and explain your case well under the new measures. Those are my three pieces of advice. We’ve gone through previous administrations where difficult situations also arose. So as long as you’re well advised, don’t commit crimes, be careful about your behavior —for example, how you drive— that helps you be a bit more protected while all this goes on.
It could be that a reform might come, maybe something will happen that benefits us, we don’t know. For now, my advice is remain calm and keep hope.
In my office, my phone number is 305-671-0018. I’ll repeat it, 305-671-0018. I also have a website, www.ariasvilla.com. Or just remember my name if you’re driving: my name is Martha Arias, and you’ll find me on all social media too.
HOST:
Thank you very much for sharing this time with us.
IMMIGRATION ATTORNEY MARTHA L. ARIAS, ESQ.::
Thank you, and have a happy rest of the week.
HOST:
Likewise. That was attorney Martha Arias, immigration attorney, on Noticias 670.